El nuevo presidente de Honduras, Porfirio Lobo, fue elegido el 29 de noviembre y tomará posesión de su cargo el 27 de enero. Surge de una elección legal y legítima, avalada por el Poder Judicial y Legislativo, que pone fin al conflicto desatado por el “golpe de Estado”, que sacó del poder a Manuel Zelaya el 28 de junio.

Los resultados no dejaron duda, las encuestas anteriores al golpe ofrecían los mismos datos. No hubo sorpresas. La gran mayoría de los diputados, incluye a los del partido de Zelaya, reconocieron que el proceso se había dado de manera “limpia” y “transparente”. Esta elección es la forma menos mala de restablecer el orden constitucional.

En junio, el presidente Zelaya dio dos “golpes de Estado”: uno en contra de la Corte Suprema y el otro del Congreso, que le prohibieron, a partir del texto constitucional, la realización de una consulta que abría paso a la reelección presidencial; pero siguió adelante aunque violentaba el orden legal. Vino, entonces, el sui géneris “golpe de Estado” contra Zelaya.

El carácter sui géneris estriba en que los golpistas no querían quedarse en el poder, sino que se obedecieran los mandatos del Poder Judicial y Legislativo. El mismo día del “golpe” anunciaron que se irían después de que se realizaran las elecciones. La manera en que se deshicieron de Zelaya fue un error, el camino a seguir era buscar su destitución de manera legal.

El Congreso hondureño, el 2 de diciembre, en votación de 111 contra 14, negó la posibilidad de que Zelaya, refugiado en la embajada de Brasil, fuera restituido en la presidencia. La idea original era que Zelaya volviera por sólo dos meses al cargo y entregara él la banda al nuevo presidente, pero nadie se quiso arriesgar a sus “locuras”. 

Tanto los diputados del opositor Partido Nacional, al que pertenece el ganador, como los del Partido Liberal, en el que milita Zelaya, se pusieron de acuerdo para que éste no regresara al poder. El partido del presidente depuesto sostuvo que “si restituimos a Zelaya sería peor para el país. La crisis probablemente continuaría y estaría en peligro nuevamente la democracia”.

La Organización de los Estados Americanos (OEA), de manera inmediata y poco reflexiva, por medio de Miguel Insulza, su secretario general, condenó el “golpe” y presionó para que Zelaya fuera restituido. En su condena nunca consideró los “golpes” previos asestados por Zelaya a los otros poderes del Estado. A la voz de los países miembros de la OEA se sumó la de la Unión Europea. 

Después vinieron las negociaciones encabezadas por Insulza y ya formalmente por el presidente Arias, de Costa Rica. Luego las presiones de Estados Unidos, por medio de la secretaria de Estado, Hilary Clinton. Los “golpistas, encabezados por Roberto Micheletti, aguantaron todo. En la medida en que se alargaba el conflicto dieron muestras de que realmente no querían quedarse en el poder.

En América Latina, la manera en que se ha vuelto al orden constitucional después de un “golpe de Estado” es con la realización de elecciones. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en Honduras y ha ganado el candidato opositor a los “golpistas”. Otra cosa sería si los golpistas se hubieran querido quedar en el poder. Eso no ocurrió. 

La OEA ha cambiado su posición y ahora reconoce, en los hechos, al mandatario electo, cuando su secretario general dice que “el presidente que asumirá el 27 de enero está en la mejor posición para iniciar la restauración democrática. Él puede poner fin a la persecución en contra de José Manuel Zelaya, separarse clara y públicamente de lo ocurrido en estos meses, restablecer plenamente la vigencia de los derechos humanos y las libertades públicas y convocar a todas las fuerzas a un gran acuerdo nacional”.

La OEA, con su posición, busca que se reconozca y apoye al presidente electo cuando afirma, por medio de Insulza, que “parece evidente que no habrá obstáculos internos en la toma de posesión el 27 de enero. Es una realidad con la que debemos contar y frente a ella deberán pronunciarse los países miembros”.

Frente a la imposibilidad del consenso en la OEA ha dicho que “reconocer o no a otro gobierno como legítimo es una prerrogativa de todo gobierno soberano y cada uno de nuestros Estados tomará libremente su decisión al respecto”. Canadá, Estados Unidos, Panamá, Costa Rica y Perú se han pronunciado ya por el reconocimiento y en contra Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Brasil y Argentina. México ha permanecido callado.

Después del golpe, en julio, escribí: “A Zelaya, pese al ultimátum de la OEA, el gobierno provisional no le va a permitir el regreso…”, y que después de la expulsión de Honduras de la OEA “…se le reintegrará pasadas las elecciones de noviembre, cuando tome posesión el nuevo presidente constitucional en enero de 2010.” Los golpes de Estado nunca son solución.®

Hay muchas maneras de abordar qué es la cultura política, pero quiero destacar aquellas definiciones en las que se propone que se trata de un conjunto de “creencias” compartidas que legitiman determinadas prácticas sociales y también las que enfatizan que se trata de actitudes y valores que son compartidos en el seno de una sociedad y trasmitidos de generación en generación. Comento siete de estas actitudes o creencias que comparten amplios sectores sociales y que configuran parte de la cultura política nacional.

La victimización. Los actores políticos, pero también los líderes sociales, se hacen pasar como seres ofendidos y agredidos, víctimas, de los otros. Estos actúan siempre como agresores que impiden la realización del proyecto de los victimados. En la realidad no es así, pero se “vende” de esa manera a los demás. Hay un sector de la sociedad, ésas sí víctimas reales, que establecen una relación de empatía con el victimado y se convierte en su seguidor. La víctima pasa a ser siempre, a la manera de las religiones, objeto de seguimiento y celebración.

La posesión de la verdad. Al victimado, es parte de su ser, se le confiere la posesión de la verdad. Su condición de “mártir” le da un estatuto moral que lo hace superior a los otros; los victimarios. Así, todo lo que dice o hace es verdad en sí misma y no necesita ser justificada y menos probada. Con el martirio viene la ciencia infusa y con ella la sabiduría. La víctima es dueño de la verdad y el victimario vive siempre en el error, pero lo puede enmendar y volver a la gracia original si se pasa al bando del mártir. En ese momento él también es depositario de la vera doctrina.

La descalificación. La posibilidad del diálogo que conduzca al entendimiento de las razones del otro no existe. Eso sería “bajarse” a su nivel y claudicar a la condición de poseedor de la verdad. Lo “políticamente correcto” es decretar que el otro no merece ninguna consideración y por lo mismo debe ser denostado. Es siempre el enemigo, nunca adversario, y en esa condición no merece más que el insulto. Los adjetivos se convierten en un “arma” fundamental y los seguidores del político o el líder social aplauden con rabia la “valentía” de su guía moral.

La culpa la tiene el otro. Éste puede tener muchos nombres (imperialismo, burguesía, iglesia, rico, periodista, funcionario, empresario, comunista…) y es el responsable de todos los males sociales, pero también de los errores del líder. Si no existiera el otro, que siempre es “malvado”, las iniciativas y proyectos, de por sí bondadosos, serían posibles, pero no se alcanzan porque éste se interpone y no permite se realicen. La autocrítica o el reconocimiento de las propias fallas no caben.

La irresponsabilidad. El político y el líder social tienen una “misión” histórica que justifica de entrada toda su vida. A ellos les toca “ser” y todo lo que hagan o dejen de hacer vale por sí mismo. Nunca se hacen cargo de sus propios actos y tampoco están obligados a dar cuenta de ellos. Se vive en un permanente estado de gracia que los exime de la posibilidad del error y siempre existe la posibilidad de “depositar” en el otro las deficiencias y las fallas personales. Desde su lógica nunca hay consecuencias por lo que dice o hace. Se está “justificado” de antemano.

La discusión sin datos. El dato para argumentar lo que se sostiene es irrelevante. La verdad se “posee” de antemano y no requiere ser probada. El político y líder social reclaman a sus seguidores “creer” en ellos y en su “verdad” como acto de fe. El “dato” son ellos mismos. Si la realidad es otra de la que describen el problema es de ésta y no de ellos. Los datos duros siempre son “falsos” si contradicen la que dicen y “verdaderos” si les dan la razón. El criterio de verdad son ellos y no hay más. Los “datos” se construyen para darles siempre la razón.

El todo o nada. Si uno está en posesión de la “verdad” y representa los valores e intereses más nobles y el otro vive permanentemente en el “error” y es el representante del “mal” nunca están dadas las condiciones para hablar y negociar. Sólo hay lugar para el todo o nada. Si pasa lo primero se hace de la victoria que es propia de su condición de líder “justiciero”, pero si pasa lo segundo siempre tiene el recurso de hacerse pasar por víctima y mártir. La lógica es la de ganar o perder y nunca se ve la posibilidad, implicaría reconocer al otro como igual, la de ganar-ganar.

Estas “creencias”  son expresión de nuestra realidad política y hablan de que un grupo de políticos, líderes sociales y amplios sectores de la población, a doscientos años de la Independencia y cien de la Revolución, todavía no “ingresan” a la modernidad y les molesta la democracia. Siguen viviendo y reproduciendo una cultura que se niega a aceptar su condición ciudadana, que exige responsabilidad y participación, y prefieren refugiarse en la condición de víctimas sumisas al amparo de un líder protector. ®

Interesante y muy recomendable la lectura del opúsculo escrito a cuatro manos por Jorge G. Castañeda y Rubén Aguilar Valenzuela sobre la guerra en la que se involucró (y nos involucró) el presidente Calderón desde el inicio de su sexenio que precisamente el día de hoy cumple tres años.

El Narco: La Guerra Fallida, México, 2009, Punto de Lectura es un ensayo que refuta los principales argumentos de la cruzada emprendida con fervor religioso por Calderón. Con datos duros y fuentes confiables y públicas, queda demostrado que cada una de las hipótesis planteadas por el gobierno federal para emprender una guerra –sin estrategia, sin plan de entrada ni de salida–, son falsas y responden más bien a un objetivo que nada tiene que ver con los oficiales: emprender la guerra al narco para ganar en las calles la legitimidad que las urnas dejaron en entredicho: “…la razón primordial de la declaración de guerra del 11 de diciembre de 2006 fue política: lograr la legitimación supuestamente perdida en las urnas y los plantones, a través de la guerra en los plantíos…”.

El primer argumento que se derrumba es el del consumo de las drogas por parte de los niños de México. Para que las drogas no lleguen a tus hijos, reza la propaganda oficial. Sin embargo, con datos de la Encuesta Nacional de Adicciones de la Secretaría de Salud y del Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic), el consumo de drogas en México permanece estable e incluso es menor que muchos países del mundo incluidos los latinoamericanos. La prevalencia (consumo de alguna droga por lo menos una vez durante el último año) mundial promedio es del 4.2 por ciento mientras que en México es del 1.3 por ciento todo ellos con datos de la Organización Mundial de la Salud, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas. Es por lo tanto falso que la guerra se emprenda para evitar el consumo y la venta de estupefacientes a los niños.

El segundo argumento, el de la violencia, también se desploma con datos del propio gobierno. De acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y el Consejo Nacional de Población (Conapo) el número de homicidios totales en 1998 fue de 33 mil 943 mientras que en el 2007 fue de 25 mil 129, esto es, una tendencia decreciente y una caída de casi 20 por ciento en nueve años. Lo que seguramente ha cambiado es la percepción de la violencia que tiene la población, generada acaso por los secuestros (que también han descendido) y por las terribles técnicas empleadas ahora por el crimen organizado (decapitaciones, mutilaciones y ejecuciones espectaculares). Aunque los números absolutos son menores, la población percibe que hay más y no menos violencia.

El tercer argumento, el de la razón de Estado y recuperar a éste de las garras de la corrupción e infiltración del narco en el gobierno es impreciso: son añejas en el país las historias de gobernantes y autoridades metidas a agentes o empleados del narco. Baste recordar los casos paradigmáticos del ex gobernador de Sinaloa Antonio Toledo Corro, del ex secretario de la Defensa, el general Juan Arévalo Gardoqui, del general José Juan Gutiérrez Rebollo y de El Chueco Mario Villanueva, ex gobernador de Quintana Roo. Si bajamos el fenómeno al nivel estatal o municipal, es un hecho que a lo largo y ancho del territorio nacional encontraremos miles de casos de connivencia plena con el narco. Por lo tanto el argumento de que se están infiltrando los narcos es absurdo porque como dirían en mi pueblo, eso es desde endenantes.

Otro argumento es la venta y tráfico de armas que nos hacen los estadunidenses. Una vez más las mentiras oficiales: si bien es cierto que los gringos son importantes fabricantes y vendedores de armas, ni son los únicos, ni son los mayores. Para sorpresa de los lectores, nos enteramos que el mayor tráfico de armas en el hemisferio no se da en la frontera de México con Estados Unidos sino en lo que se conoce como la Triple Frontera que une Brasil (Foz de Iguazú), Argentina (Puerto Iguazú) y Paraguay (Ciudad del Este). Los mayores productores y traficantes de armas mundiales son los rusos y los chinos que llenan el mundo con AK-47 entre otros simpáticos juguetitos (granadas, misiles, armas cortas). Por lo tanto si los gringos sellan o no sellan su frontera no cambiará el suministro de armas para todo aquel que pueda y quiera adquirirlas.

El último argumento, el de que mientras haya consumo del lado gringo habrá trafico del lado mexicano es cierto, pero sólo parcialmente. El mercado de las drogas de Estados Unidos es tan grande que si no lo atacaran los mexicanos lo harían directamente los colombianos, venezolanos o caribeños. Sin embargo son los propios gringos los que están flexibilizando su política antidrogas a la luz de los desastrosos resultados de la implementada hasta ahora. En la unión americana, ya son 15 estados en los que se ha “legalizado” el uso médico de la mariguana: Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Maine, Maryland, Michigan, Montana, Nevada, Nuevo Mexico, Oregon, Rodhe Island, Vermont y Washington. El nuevo zar anti drogas ha dicho que hay que enfocar la “guerra” hacia el consumo y los daños de este en la sociedad y no en la lucha contra las sustancias en sí mismas.

Es mucho lo que se tiene que hacer en materia de abuso de sustancias prohibidas y legales. Pero nadie puede tener la duda de que el problema que se genera por la ilegalidad supera por mucho los beneficios de la lucha por erradicarlas. El tema de la dependencia es un asunto de salud pública y como tal debe ser tratado. Hacerlo a partir de un enfoque de seguridad nacional es falso y es erróneo y los resultados están a la vista: una guerra absurda sin estrategia general, sin definición de la victoria, sin plan de salida y sin resultados tangibles, hecha y diseñada para legitimar al régimen y no para evitar que las drogas lleguen a tus hijos.

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