… el 16 de octubre de 1999 publiqué este artículo en El Universal…”
“Un artículo sobre la manera que en ese entonces se enfrentaban los desastres naturales, pienso que hemos mejorado pero que pasó mucho tiempo antes de que las autoridades asumieran su papel y responsabilidad.”
¿Tenían que morir?
La foto de Andrew Winning, de la agencia Reuters, que dio la vuelta al mundo, es terrible y desoladora. En el barrio “La Aurora” de Teziutlán, Puebla, se desgajó un cerro. En la parte de arriba, el cementerio del pueblo. Abajo, una colonia. La tierra, producto del deslave, cae sobre ella. Son más de 20 las casas cubiertas por el lodo. Los sepultados por los miles de toneladas de piedras y tierra ascienden – las cifras permanecen oscuras– a por lo menos 50 personas. ¿Tenían que morir? La respuesta contundente es que no, como tampoco la mayoría de las víctimas de los torrenciales aguaceros de los días pasados. Es posible que a algunos, los menos, hubiera sido imposible salvarlos, pero los demás tenían que haber vivido. Su muerte no es producto de un desastre natural, sino consecuencia de la falta de respeto por la vida y la ausencia de una cultura de la prevención.
El 3 de octubre, con la llegada de la depresión tropical 11, dan comienzo las lluvias torrenciales que cayeron sobre los estados de Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Chiapas. El fenómeno se repite año con año. Algunas veces con más intensidad que otras, pero siempre tiene lugar. No es accidental que una palabra de origen maya, huracán, haya pasado a muy distintas lenguas para nombrar a estos fenómenos de la naturaleza, que ocurren durante la temporada de lluvias en la región del golfo de México y el Caribe. Todos los años la época de las tormentas tropicales y los huracanes trae muertos. Se ve ya, es terrible, como algo que así tiene que ser y ante lo cual nada o muy poco se puede hacer. En 1998 las lluvias que afectaron a Chiapas provocaron 200 víctimas fatales y en 1997, con el huracán “Paulina”, el número de quienes perdieron la vida se elevó a 160.
La intensidad de las lluvias de este año, las más fuertes de los últimos 100 años, de acuerdo a los datos oficiales provocaron 350 muertos y 300 mil damnificados. Estadísticas extraoficiales hablan de que el número de las víctimas podrá llegar a 600 y los damnificados a 500 mil. Se habla de por lo menos 300 desaparecidos, con lo que el número de los muertos podría ser todavía mayor. Lo ocurrido en los primeros quince días de octubre ha sido calificado por el presidente Zedillo como “la tragedia de la década”.
Existen dos posiciones básicas para enfrentar la problemática provocada por los desastres naturales. La visión fatalista, que sostiene que es algo ante lo que no se puede hacer nada de manera previa y que en todo caso lo que procede es paliar los efectos provocados por los mismos. La otra es la que sostiene que si bien los fenómenos naturales no se pueden evitar, sí es posible aminorar su impacto con acciones preventivas que protejan a la población. Hoy nadie reconocería de manera abierta estar en la primera de las posiciones, pero en los hechos es la visión que domina entre los funcionarios públicos. El Presidente, por ejemplo, dijo que no era posible impedir “las avenidas de agua que provocan lluvias que están muy por encima de las normas históricas”. Los torrentes de los ríos, es cierto, no se pueden evitar, pero sí el efecto de los mismos sobre la población.
El secretario de Gobernación consideró, ante una situación en la que perdieron la vida centenares de ciudadanos, que era “enfermizo” encontrar responsables de lo acontecido y añadía, para fundar su posición, en que se estaba “trabajando intensamente…”, para hacer frente a los efectos causados por las torrenciales lluvias. Para el Presidente y el secretario de Gobernación, en el marco de una visión fatalista, de lo que se trata es de responder, ante la imposibilidad de prever, a los efectos de los fenómenos. Están equivocados. De lo que se trata es, con verdaderas acciones de protección civil, de adelantarse a los acontecimientos y responder con acciones previas y no posteriores a las catástrofes naturales.
A propósito de los daños provocados por el huracán “Paulina”, hace dos años, un alto funcionario del gobierno federal me comentaba, con tristeza y desesperación, que en la manera de pensar del común de los funcionarios en los distintos niveles de gobierno imperaba la idea de que todas las acciones preventivas resultaban muy costosas y podían ser inútiles, porque siempre existía la posibilidad de que los efectos del desastre natural fueran menos graves de lo que se pensaba. En todo caso, me decía, los funcionarios asumen que resulta mejor actuar una vez que han pasado las cosas. Se sabe entonces la verdadera dimensión del evento y de otro lado siempre, si hubo un gran daño, se puede recurrir a la solidaridad y a los ingresos extras del gobierno a los cuales no se tiene acceso en las acciones preventivas.
Entre las razones que explican el impacto devastador que tuvieron las lluvias están: La pobreza de la región donde ocurrieron las mayores desgracias. Los expertos de la ONU han probado que a nivel mundial –vale también para México– el mapa de la pobreza coincide con el de los peores efectos de los desastres naturales. Las zonas de pobreza coinciden, por la misma situación, con la fragilidad en la estructura de las construcciones, la nula o escasa inversión en infraestructura (bordos, represas, carreteras…). Contribuye también a agravar la situación el hacinamiento de la población en zonas de alto riesgo e inseguridad (riberas de los ríos, montañas…).
Otra de las circunstancias que amplifican el impacto de los desastres naturales es la deforestación y con ella la pérdida de la carpeta vegetal que trae como consecuencia el deslave de las montañas y el anegamiento de los ríos. Influyen también los posibles errores en el manejo de las presas y sus caudales. Existen indicios de que en esta ocasión hubo fallas graves. La corrupción de funcionarios públicos, coligados con empresarios o intereses políticos partidarios que han permitido el fraccionamiento o la invasión de zonas impropias para la vivienda o propiciado la deforestación.
Los efectos desastrosos sobre la población, la infraestructura y el entorno de las torrenciales lluvias de la temporada 1999, ponen en evidencia que en muy buena medida estos tienen su explicación en lo que se ha hecho y también dejado de hacer. Es evidente que, contrario a lo que menciona el secretario de Gobernación, sí existen responsables. No se trata de iniciar una cacería de brujas, pero sí de asumir en serio lo ocurrido y entender, de ahora en adelante, de una manera distinta, por la población y las autoridades, los desastres naturales. El respeto a la vida de la población y la cultura de la prevención deben pasar al primer plano de toda la acción del gobierno.
