Corrupción

 

 

La organización internacional Transparencia Internacional dio a conocer la semana pasada su informe anual 2009, que mide la percepción que existe sobre las prácticas corruptas en el sector público y la iniciativa privada. El estudio se realiza en 180 naciones, a partir de encuestas entre expertos y empresas, y no mide los reales niveles de corrupción que puedan o no existir, pero sí la apreciación que se tiene sobre ella.

Los países que tienen calificaciones más altas son Nueva Zelanda (9.4), Dinamarca (9.3), Singapur (9.2). En el continente Americano las mejores percepciones son para Canadá (8.7) y Estados Unidos (7.5). Lo que explica esa valoración, dice el documento, es “una estabilidad política, normativas fuertemente estables sobre conflictos de interés e instituciones públicas sólidas y efectivas”.

La América Latina no sale bien librada y demuestra “serios problemas de corrupción”, ya que sólo tres países superan el cinco, que son, Chile (6.7), Uruguay (6.7) y Costa Rica (5.3). Debajo de cinco, pero arriba de los demás, se encuentra Cuba (4.4). La encuesta incluye temas relacionados con sobornos, pagos irregulares, malversación de fondos públicos y transparencia del gasto. El estudio no hace distinción entre los diferentes niveles de gobierno.

Los peores de la región son Haití (1.8), Venezuela (1.9), Paraguay (2.1), Ecuador (2.2), Nicaragua (2.3), Honduras (2.5), Bolivia (2.7) y Argentina (2.9). Los países que se han propuesto cambios “radicales” y en los que sus gobernantes han cambiado la constitución para reelegirse y han centralizado el poder, aparecen como los que tienen niveles de percepción más altos en materia de corrupción.

A la mitad de la tabla se encuentran Brasil (3.7), Colombia (3.7), Perú (3.7), Panamá (3.4), Guatemala (3.4), El Salvador (3.4), México (3.3) y Dominicana (3.0). De acuerdo con el estudio, “la puntuación baja de la mayoría de los países latinoamericanos refleja el hecho de que las instituciones débiles, las prácticas de gobernabilidad deficiente y la excesiva injerencia de los intereses privados continúan frustrando iniciativas tendentes a promover el desarrollo equitativo y sostenible”.

El texto añade que “el soborno, los cárteles (del narco) y otras prácticas corruptas frustran la competencia y contribuyen a la pérdida masiva de los recursos para el desarrollo en todos los países, especialmente los más pobres”. De manera particular, sobre los casos de Brasil y México, lo dice también de Colombia y Perú, lamenta que si bien se “ubican entre las principales economías de la región y, pese a que deberían convertirse en referentes de la lucha contra la corrupción, se han visto sacudidos por escándalos sobre impunidad, pagos irregulares, corrupción política y captura del Estado”.

En 2008 México ocupó el sitio 72, de 180 países, con una calificación del 3.6, pero 12 meses después baja al lugar 89 con una puntuación de 3.3. De un año a otro cae 17 puestos. El caso de México no puede ser visto de manera aislada y se inscribe en los problemas que aquejan a la mayoría de los países de la región. Políticos de la oposición y algunos académicos ligados al López Obrador tienden a sacar el problema de contexto, como si México fuera el único caso no sólo en América Latina, sino en el mundo.

El problema está ahí y no puede ignorarse, independientemente de que la percepción pueda cambiar de un año a otro. Lo que puede explicar que se haya modificado la apreciación está asociado en buena medida, tal como lo plantea Eduardo Bojórquez, director de Transparencia Internacional capítulo México, a la visión que provoca la lucha contra el narcotráfico y la violencia asociada a ella. Influye también que se percibe menos transparencia de las instituciones públicas de todos los poderes y órdenes de gobierno.

Al parecer, a la base del cambio de percepción está, como él mismo lo señala, que al nivel de los gobiernos estatales y municipales, que gozan cada vez de mayores atribuciones, no existe “la rendición de cuentas efectiva y la homologación de la ley”. Si bien el estudio no distingue entre los distintos niveles de gobierno, al federal corresponde su parte. Me atrevo a sugerir que el cambio en la apreciación está asociado de manera directa a las decisiones cupulares entre los partidos sobre temas centrales de la vida pública y también a la falta de transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos estatales y municipales.

La presidenta de Transparencia Internacional, Huguette Labelle, asegura que para contener a la corrupción es necesario “un activo control por parte del Poder Legislativo, un Poder Judicial eficiente, organismos de auditoría y lucha contra la corrupción independientes y con recursos adecuados”, y añade la necesidad de la aplicación “enérgica” de la ley, la transparencia presupuestal y medios de comunicación realmente independientes. Las atribuciones que la Cámara de Diputados dio a los gobernadores, al aprobar el presupuesto de egresos 2010, van precisamente en la dirección contraria. Son medidas como éstas las que explican el cambio en la percepción.

 

Los jesuitas

 

 

El 16 de noviembre se cumplen 20 años del asesinato de los jesuitas y de las personas que trabajaban con ellos en San Salvador. En la madrugada de ese día, en su casa de la Universidad Centroamericana (UCA) fueron masacrados por elementos del ejército. Todos recibieron un tiro de gracia.

En esa trágica ocasión perdieron la vida: Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno (españoles que habían adoptado a El Salvador como su patria), el salvadoreño Joaquín López y la empleada doméstica Elba Ramos y su hija Celina, de sólo 14 años. 

Unos días antes, el 12 de noviembre de 1989, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) había realizado la más grande ofensiva desde el inicio de la guerra en 1981. El ejército se sintió humillado y en venganza tomó la decisión de asesinar a los jesuitas y a quienes con ellos laboraban.

La UCA tuvo un papel fundamental en la construcción de un pensamiento independiente y de una conciencia crítica en una sociedad caracterizada por el autoritarismo y la represión. Eran los años setenta y principios de los ochenta cuando la teología de la liberación vivía sus mejores momentos.

En El Salvador de esos años pensar por cuenta propia y decir lo que se pensaba implicaba jugarse la vida. De las aulas de la UCA salieron generaciones de jóvenes salvadoreños que se comprometieron con el cambio de la realidad de su país. Ahora son ellos quienes encabezan el gobierno.

Dada la posición independiente de los jesuitas y su trabajo por la justicia y el cambio social, había quienes en lo individual simpatizaban con el FMLN; ello provocó la reacción sistemática en su contra de parte del gobierno y sufrieron amenazas y diversos atentados que culminan con el asesinato de 1989.

Los miembros de la corresponsalía para México y Centroamérica de la Radio ARD de Alemania, Jörg Hafkemayer y Sybille Flaschka, entrevistaron al padre Ellacuría, entonces rector de la UCA, en abril de 1987. Le preguntan si no pensaba en ser asesinado. Él responde con mucha serenidad. Transcribo ahora, es un texto inédito, sus palabras:

“A nosotros hasta el año de 1983 nos pusieron como 12 cargas de dinamita en la Universidad. La casa en la que vivimos los jesuitas fue destruida dos veces. Se nos tiroteó y ahora han aparecido unas confesiones de las personas que realizaban esas acciones, que eran de los Escuadrones de la Muerte. Hoy no estamos en esa condición, pero uno no puede cantar victoria fácilmente. Ahora, por diversas razones, matarnos supondría un alto costo político para el gobierno. 

“A mí me presentan como prueba de la libertad de expresión que hay en El Salvador. Yo salgo en la televisión y critico públicamente las cosas. También critico al FMLN y hay bastante gente que antes creía que yo era una especie de irracional comandante del FMLN, que dirigía sus asuntos, pero ahora y después de verme en la televisión y oírme explicar con calma y objetivamente las circunstancias y decir que no estoy de acuerdo con esto del FMLN y tampoco con aquello del coronel Ponce (jefe del Estado Mayor del Ejército), creo que he ganado respetabilidad general con bastante gente. A los intelectuales y a los hombres de iglesia ahora se nos ataca mucho en los medios, pero las `bombas´ de papel no matan. No digo que no puedan cambiar las cosas, pero en realidad tengo que reconocer que desde hace tres o cuatro años me muevo con bastante tranquilidad dentro de El Salvador.”

El padre Ellacuría seguramente quería ver de manera positiva la situación de suyo tensa y complicada, y alejar de él y de sus compañeros la posibilidad del asesinato. Al final prevalecieron las dudas que él mismo manifiesta en la entrevista: el hecho de que no se podía cantar victoria y que las cosas podrían cambiar. Eso precisamente fue lo que ocurrió. 

Los jesuitas, en el aniversario de su asesinato, recibirán la Orden Nacional José Matías Delgado, que es la máxima condecoración que otorga El Salvador. En el decreto se afirma que es una forma de hacer “un acto público de desagravio, es decir, de reposición moral, por los errores que como Estado se cometieron en el pasado”.

Hoy, en la Audiencia Nacional de España y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, avanzan los procesos contra 14 militares de alto rango que se consideran los autores intelectuales del crimen. Hace años fueron juzgados los responsables materiales. 

A la distancia de aquellos hechos podemos ver los cambios ocurridos en el mundo y en particular en El Salvador. En la región y en la patria adoptiva de Ellacuría ya no se asesina por las ideas y preferencias políticas. Después de los acuerdos de paz en 1992, que pusieron fin a una guerra civil de más de diez años, El Salvador tomó el camino de la democracia.

El FMLN ganó en las últimas elecciones presidenciales y hoy es gobierno en El Salvador. En la guerra salvadoreña murieron 75 mil personas. Su muerte no fue en vano. Al final tuvo un sentido y se inscribe en el esfuerzo de miles de salvadoreños que lucharon por cambiar la realidad del país y la región. Lo lograron.

 

La reforma fiscal necesaria

 

 

La reforma fiscal profunda es inevitable y ahora mismo debe iniciar su discusión. Lo irresponsable, lo que atenta contra los intereses del país, es seguir dándole largas. Los parches, como ocurrió con la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2010, son aberrantes. No sirven al gobierno, a los partidos y a los ciudadanos. A nadie dejan contento y sí a todos frustrados y molestos.

Desde hace 12 años, cuando el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, la construcción de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos concentra y polariza una discusión que cada vez se vuelve más bizantina. Este ejercicio, año con año, sólo sirve para dejar al descubierto la miseria de la política mexicana y de sus actores, que siempre ponen por delante sus intereses particulares y cortoplacistas a los del conjunto y el largo plazo.

Nunca hay un buen tiempo para hacer una reforma fiscal que implica, siempre es un componente, incrementar la carga tributaria y ampliar la base de los contribuyentes. La elección está sólo en escoger el momento que resulta menos malo. Éste puede ser 2010, cuando la economía saldrá del crecimiento negativo y el PIB crecerá en un 3 por ciento.

Los partidos siempre ponen como pretexto que no pueden ir a una reforma fiscal de fondo, porque el calendario electoral se los impide. Según ellos, si están a favor de subir los impuestos, necesariamente perderán votos y con ellos la elección. Esta racionalidad estuvo presente en la discusión de la Ley de Ingresos, donde el PRI en el Senado se abstuvo de votar para no “cargar” con la decisión.

El actual sistema electoral, donde todos los años hay elecciones, actúa en contra de una reforma fiscal de fondo. Si bien es cierto, en 2010 habrá 11 elecciones para gobernador, la presidencial será hasta mediados de 2012. Las de gobernador tienen un ámbito propio y no serían afectadas por las decisiones que se tomen en materia fiscal, y hay tiempo para que los partidos se “recompongan” en la presidencial.

Las fuerzas políticas del país, pero también la sociedad, deben asumir de una vez y por todas, como bien lo plantea Luis de la Calle, que “el régimen fiscal mexicano es altamente deficiente en su diseño y su implementación. Es de difícil cumplimiento, distorsionante, poco eficaz en la recaudación, costoso de operar, inestable y claramente no exitoso en términos de redistribución del ingreso”.

Las finanzas públicas han entrado, agravado con la pérdida de las reservas y producción petrolera, en una dinámica donde todos los días, entiéndase de manera literal, crece el costo de posponer la reforma fiscal de fondo que dé certidumbre, estabilidad y elimine, de una vez y para siempre, las inútiles y aberrantes discusiones anuales que sobre la materia tienen lugar en el Poder Legislativo.

La posibilidad de una reforma fiscal de fondo implica costos políticos. Llegó el momento de pagarlos. El ideal sería que todos los partidos se pusieran de acuerdo; no es tan difícil si se tiene voluntad política, pero hoy no se ve que exista esta posibilidad en razón de visiones diferentes, pero sobre todo de la hegemonía de liderazgos políticos conservadores, que se han fijado en el pasado. 

Lo que parece posible es que PRI y PAN se pongan de acuerdo y ofrezcan al país una reforma fiscal que sirva para los próximos 20 años. Eso sólo depende de ellos. Al inicio habría reacciones en contra, pero harían un gran servicio al país. La sociedad se los reconocería y ellos, al final, se harían de un nuevo capital político. Los partidos que se marginen serían los que saldrían perdiendo.

La reforma fiscal de fondo incluye: un IVA universal y sin excepciones; una renta generalizada a tasa única; el cobro de todos los servicios públicos a lo que cuestan (el predial resulta fundamental); que existan incentivos para que los gobiernos recolecten; que se premie que los ciudadanos paguen. Supone también que el gasto se realice de acuerdo con las responsabilidades que la sociedad asigna a los gobiernos; que sea transparente y auditable; que no todo se destine al gasto corriente.

El aumento de la base gravable, pero sobre todo la aplicación de un IVA generalizado y sin excepciones, podría afectar la capacidad de compra de la población de los deciles con más bajo ingreso. En este caso se debe prever, es parte de la misma reforma fiscal, compensar esa pérdida con las trasferencias netas de recursos a estos grupos vía programas como el de Oportunidades.

La reforma fiscal de fondo en el corto plazo puede afectar la recaudación y elevar el déficit fiscal, es común que así ocurra, pero a partir del mediano plazo, sin duda que va a ofrecer una mayor recaudación que necesariamente va a redituar en certidumbre, certeza para el Ejecutivo y también los mercados, y pondrá fin a discusiones inútiles que tensan al país, lo polarizan y no conducen a ningún lado.

La guerra contra el narco

 

El narco: la guerra fallida (Santillana, 2009), es un libro escrito junto con Jorge Castañeda en el que analizamos la estrategia de “guerra” declarada por el presidente Calderón el 11 de diciembre de 2006, cuando decidió lanzar un ataque frontal contra todo el narcotráfico, en todo el territorio, con toda la fuerza a su alcance y todo el tiempo.

El trabajo quiere ser una invitación a la discusión y el debate de un tema fundamental, no sólo de ahora, sino desde hace ya muchos años. Nos proponemos “explicar, informar y desmitificar” lo que el gobierno plantea en relación con su estrategia, y también aportar elementos para que los lectores hagan su propio juicio.

En el texto, hacemos un análisis crítico sobre las premisas en las que se fundamenta la “guerra”. En primer lugar, sostenemos que no existen datos para afirmar que México haya pasado de ser un país de tránsito a uno de consumo, y tampoco que ha aumentado de manera significativa la demanda de drogas de acuerdo con las cifras del propio gobierno. 

Los adictos en México representan sólo el 0.4 por ciento de la población, no más de 450 mil ciudadanos, en una población de 110 millones de habitantes, que es un porcentaje muy menor con relación no sólo a Estados Unidos y los países de la Unión Europea, sino también a los de América Latina.

En segundo término, planteamos que si la razón era hacer frente al aumento de la violencia, todos los estudios, también los del gobierno, señalan que venía declinando desde el inicio de los años noventa, y la realidad es que, a casi tres años del inicio de las hostilidades, ahora existe un clima de violencia superior al que se pretendía combatir. 

La tercera afirmación, de que si el motivo de la guerra fue la penetración del “narco” en nuevas o más importantes esferas de la vida política nacional, tampoco es creíble: estamos hablando de México, no de Noruega. La complicidad del narco con las autoridades municipales, estatales y federales no nació ayer, sino hace ya muchos años.

En cuarto lugar, tratamos de demostrar que el tráfico de armas procedentes de Estados Unidos no es la causa de la violencia en México, como lo señalan las autoridades. La mayoría de países de América Latina tiene índices de violencia muy superiores a los nuestros, con armas que provienen de otras regiones.

El quinto tema es que la demanda estadounidense ha permanecido estable en los últimos 40 años, variando sólo en su composición: más mariguana en los sesenta y setenta; más cocaína (y crack) a partir de 1985 y hasta finales de siglo; más metanfetaminas desde entonces y hasta hace poco, cuando su consumo empezó a desplomarse.

Es cierto que mientras haya demanda en Estados Unidos, habrá oferta en México, en América Latina, y en el mundo entero; pero también es cierto que siempre habrá esa demanda, y que la sociedad estadounidense ha concluido, con razón, que el esfuerzo por reducirla no vale la pena; la demanda en la Unión Americana también es un dado, no una variable.

Por último, es el sexto tema, hacemos una propuesta de cómo enfrentar de otra manera al problema social que implica la venta y consumo de drogas que, por cierto, es un fenómeno que siempre habrá de existir. Para eso intentamos mostrar cómo el “éxito” de Álvaro Uribe en Colombia es un contraejemplo en relación con la estrategia de Calderón.

Damos datos que ilustran cómo Colombia ha logrado notables avances en la limitación de los efectos colaterales provocados por el narcotráfico -secuestros, atentados, guerrillas, paramilitares, corrupción, hostigamiento por parte de Estados Unidos- sin reducir la superficie sembrada de hoja de coca, o la producción y exportación de cocaína.

La estrategia alternativa consta de cinco puntos: el control de los efectos colaterales (violencia y corrupción); la reducción del daño; la constitución de una policía nacional; el cabildeo en Estados Unidos, para que asuman el cambio de estrategia, y el sellamiento terrestre y marítimo del Istmo de Tehuantepec.

Sostenemos, a partir del análisis de los argumentos ofrecidos por el gobierno para justificar la “declaración de guerra”, que fue una decisión política que se propuso lograr la legitimación supuestamente perdida en las urnas, por medio de la guerra en los plantíos, las calles y las carreteras, ahora pobladas por mexicanos uniformados.

Llegamos a esta conclusión, que no sólo es nuestra, junto con otros que la vieron antes. El lector, en cada uno de los seis capítulos, encontrará datos duros de fuentes del gobierno mexicano, de Estados Unidos, de organismos multilaterales e internacionales que fundamenten las tesis expuestas. El libro está ya en las librerías e invitamos a su lectura y debate.

Posdata:

Sigue la discusión del paquete de ingresos 2010. En los partidos impera la lógica político electoral y no la técnica. Nadie quiere asumir su responsabilidad y pagar el costo político que implica. El problema seguirá presente, lleva ya años, mientras no se decida una reforma fiscal sencilla y transparente, a la manera que hoy tiene Chile, para resolver el problema de fondo.

 

Una decisión esperada

 

La decisión de liquidar Luz y Fuerza del Centro (LFC) estaba tomada desde hace 15 años y, por lo mismo, no debe sorprender a nadie. Lo que no deja de llamar la atención es que a pesar de los estudios con los que contaba el Ejecutivo federal sobre el estado que guardaba la empresa, el evidente mal servicio que prestaba y el creciente e insostenible déficit que implicaba la inyección de cada vez más recursos públicos, no se actuara en consecuencia.

El gobierno había perdido el control efectivo de la paraestatal desde hace muchos años, y los “usos y costumbres” generados por el sindicato eran los que realmente conducían a la empresa. En la medida en que pasaba el tiempo, el espacio de maniobra de los dirigentes sindicales, los verdaderos dueños de LFC, se hacía más fuerte y reducía el de los directivos, que actuaban bajo la única consigna de evitar el conflicto.

La amenaza de las soluciones de fuerza por parte del sindicato, que siempre fue muy bien manejada por sus líderes, mantenía a raya cualquier iniciativa del gobierno. El sindicato no dialogaba, sino que se imponía. La arrogancia de los dirigentes sindicales y su seguridad en que el gobierno cedería ante el temor del conflicto social otorgaban al sindicato una privilegiada posición de fuerza de la que siempre hacía uso.

Los dirigentes sindicales, año con año, tensaban la cuerda, que parecía romperse en cada “negociación” del contrato colectivo. La soberbia de sus dirigentes sindicales, que asumían tener bajo control al gobierno, les impidió analizar con objetividad su verdadera correlación de fuerzas. Se negaron a ver que el entorno era cada vez más negativo a la empresa y sus trabajadores. Se negaron a ver que ya no sólo podían imponerse, sino que era necesario negociar.

En La Diferencia (Grijalbo, 2007), J. Castañeda y el que escribe, damos cuenta de la única recomendación que el presidente Zedillo hizo al entonces presidente electo Fox, que era sobre el camino que debería seguirse con LFC. Lo que le dijo fue que “durante su mandato había llegado a la conclusión de que sólo mediante la requisa y preparando una sólida estrategia de seguridad, para enfrentar a los trabajadores en las calles, se podrían cambiar las cosas”.

Le planteó también que “la única manera de resolver a fondo el problema de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro es que ésta se integre a la Comisión Federal de Electricidad”. Fox y Zedillo coincidían en que debían quedar a salvo “todos los derechos ganados” por los trabajadores. Zedillo, con los números en la mano, pensaba, tenía la razón, que “seguir pagando cada año lo que cuesta el contrato colectivo resulta insostenible”.

En el gobierno del presidente Zedillo el pago del contrato de LFC implicó fondos adicionales de la hacienda pública, al final de los contribuyentes, de ocho mil millones de dólares; en el del presidente Fox, de 12 mil millones de dólares, y al presidente Calderón le tocaría pagar unos 20 mil millones de dólares. En el encuentro entre Zedillo y Fox se habló de que el costo financiero de la medida requería fondos de cuatro mil millones de dólares, pero “gracias a ello luego se generarían grandes ahorros”.

Pese a tener muy claro lo que se debería de hacer para resolver el problema y evitar la pérdida creciente y absurda de los recursos públicos, Zedillo y Fox no lo pusieron en práctica, porque consideraron, con razón o sin ella, que en el momento que les tocó vivir, el uso de la fuerza pública, condición indispensable para resolver el problema, implicaba un costo político que les resultaba muy alto, incluso astronómico.

El presidente Calderón asumió los riesgos y tomó la decisión de poner en práctica la solución que ya se había visto desde años atrás. Ahora son otras las condiciones, hay más conciencia de la ciudadanía, mayor desgaste del sindicato y se vive una profunda crisis económica y de las finanzas públicas que obligan a la acción, pero eso no demerita la decisión del presidente, que se le debe reconocer.

Desde su origen, LFC era una empresa inviable. Las soluciones ideales, aunque se quieran, no existen. La toma de las decisiones en el ámbito del poder público se da, la gran mayoría de las veces, sólo entre males, y lo que toca es elegir el mal menor. Lo que siempre se debe de garantizar es que las decisiones sean legales, y desde mi punto de vista la que ha tomado el presidente, aunque no guste a unos y sí a otros, está apegada a derecho. Si alguien tiene duda, debe acudir a la SCJN, para que ésta se pronuncie.

Posdata:
El narco: la guerra fallida, de Rubén Aguilar V. y Jorge G. Castañeda, (Santillana, 2009), se coloca hoy en las librerías. En el texto, los autores ofrecen un análisis sobre las razones que esgrime el gobierno para sostener su “guerra” contra el narcotráfico y ofrecen su valoración de la misma. Plantean también cuál sería su propuesta para hacer frente al problema. En el próximo artículo me extenderé sobre el texto.