Artículo publicado en el No. 19
La incidencia de los medios de comunicación en el debate público es evidente. Hoy muestran una amplia capacidad para intervenir en el diseño de la agenda del debate público. Habla de nuevos tiempos. Eso no está en duda.
Ahora los medios de comunicación tienen dos compromisos con sus receptores: desarrollar las condiciones para la difusión de cultura política y mediática que fomente las prácticas y los valores democráticos, e informar con la verdad.
Los medios de comunicación tienen un papel fundamental porque a través de lo que se ve, se escucha o se lee se crean los puentes de cercanía o lejanía entre los ciudadanos y la política. Los medios generan los espacios públicos a través de los cuales las personas integran o rechazan valores y comportamientos en relación con la política.
El papel de los medios es también educativo. La información que se transmite puede y debe ayudar a integrar las experiencias cotidianas como algo relevante para la convivencia democrática. El ejercicio de la tolerancia en las opiniones políticas es uno de los valores que las personas pueden aprehender a través del debate mediático.
Los medios de comunicación tienen que contribuir en hacer del ciudadano un personaje activo en la vida pública. El desafío para los actores que intervienen en la toma de decisiones, incluyendo a los medios, es crear y afianzar una cultura política que respalde y consolide la democracia y el Estado de Derecho.
La democracia demanda a los medios una autorregulación fundada en la responsabilidad social y en la ética profesional. Éstos tienen la función social, no sólo de servir como fuentes de información del acontecer nacional e internacional, sino de ayudar a los receptores a analizar las noticias que reciben.
Esto exige de los comunicadores un profesionalismo cada vez mayor. En la democracia el periodismo debe construirse a partir de la investigación de fondo y en la garantía de veracidad de las fuentes; que lo que se emite como noticia no provenga de dichos sin fundamento. Deben ser hechos comprobables.
El debate público debe ser más un espacio de deliberación que de confrontación. Cuando se presenta a través de sólo especulaciones y contradicciones el receptor percibe a la política sólo como un espectáculo que resulta muy lejano a lo que sería un real diálogo en torno al interés general.
Para propiciar que la acción de comunicar sea más deliberativa que especulativa es preciso definir reglas claras y marcos de intercambio que permitan al receptor distinguir entre la información llana y los ejercicios noticiosos de opinión y de corte interpretativo.
La responsabilidad de los medios está dada por la objetividad en la emisión de los sucesos y no por el sesgo que pueda imprimirse a ésta de acuerdo con los intereses particulares del medio que los hace públicos.
La tarea de los medios en la democracia está en el ejercicio de información objetivo, equitativo, respetuoso y crítico, de una tarea basada en la difusión de la verdad.
La idea de que el ciudadano es un receptor pasivo de la información ya no se sostiene. Ha llegado el momento de aprovechar la existencia de un número creciente de espacios de información pública para afianzar un mercado de calidad para un ciudadano cada vez más educado y activo.
Para ello, es preciso que los medios de comunicación incorporen a su lógica de acción la idea de que la información tiene un valor de utilidad para el ciudadano; que es a partir de ella que se puede formar una opinión o tomar decisiones.
Una vez pasado lo que podríamos calificar como el boom de la libertad de expresión el receptor será cada vez menos complaciente con los emisores y comenzará a fijar castigos para aquellos que no cumplan las exigencias de calidad de un debate democrático.
Si los medios masivos persisten en fomentar las asimetrías de la información, porque ésta no es objetiva o imparcial, entonces poco podrán aportar al creciente interés ciudadano respecto de la acción pública.
La democracia demanda no sólo una reforma a las leyes que rigen la relación entre el Estado, los medios y la sociedad, sino una información apegada a la veracidad y al respeto a la integridad de las personas; una normatividad que integre incentivos para un mejor desempeño de los medios.
Esto es posible si se promueven reglas tendentes a crear sistemas de autorregulación; si se establecen procedimientos para el derecho de réplica y para exigir el respeto a los derechos individuales; si se crea un marco de equidad que acote la relación entre ciudadanos, políticos y medios de comunicación.
La libertad de expresión y la libertad de prensa encuentran sus fronteras en el respeto a la dignidad, la vida privada y la estabilidad y la paz públicas. Los medios no pueden ejercer las libertades de prensa y de expresión de manera irresponsable porque existen derechos fundamentales que entrarían en tensión ante el hecho de que la libertad de expresión no se encontrara acompañada de una ética de las responsabilidades.
Si los medios no ejercen mecanismos de autorregulación, entonces es muy probable que se propicie una situación en que los derechos individuales y colectivos resulten insuficientes para operar en contra de los excesos o sesgos en la información que se publique o difunda.
El derecho a la información debe hacerse efectivo en todo régimen democrático y esto no es responsabilidad exclusiva del gobierno sino una tarea compartida con los medios de comunicación. Sólo con la lógica de cooperación se puede constituir una cultura en la que se perciba el valor de la política y los beneficios de un sistema democrático en su justa dimensión. ®
