Archivo de Octubre 2009
Entrevista en Revista Proceso, octubre 2009
Publicado por Rubén Aguilar Valenzuela en Octubre 30, 2009
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Nota publicada por Jorge Camil. La Jornada
Publicado por Rubén Aguilar Valenzuela en Octubre 30, 2009
¿Guerra fallida o estrategia política?
Esta vez Rubén Aguilar y Jorge G. Castañeda publican El narco: la guerra fallida, libro sobre la guerra contra el crimen organizado. No son válidos los argumentos del gobierno, afirman desde el prólogo de la obra. Y tras desmenuzar las razones esgrimidas por Calderón en su declaración de guerra del 11 de diciembre de 2006 concluyen, con estadísticas de encuestadoras confiables, que México no está en riesgo inminente de que la droga llegue a nuestros hijos, porque el uso de estupefacientes se ha mantenido estable, por debajo de los demás países latinoamericanos, y que tampoco hemos pasado de país de tránsito a país de consumo. Por otra parte, concluyen que la violencia (descontando la directamente atribuible a la guerra presidencial) no va en aumento y que la corrupción es la misma que hemos padecido desde tiempos inmemoriales. Dicen que los cárteles de la droga no amenazan al Estado mexicano, aunque en este punto reconozco que las entrevistas y discursos presidenciales han ido de aquí para allá según conviene a sus muy personales intereses políticos.
Para Calderón somos un Estado en riesgo de ser inviable, si se trata de justificar la guerra contra el crimen organizado, pero estamos lejos de caer en el calificativo de Estado fallido cuando no es necesario esgrimir justificación alguna. (En Guatemala, esta semana, Calderón afirmó en el Congreso que la guerra contra el narco no es una obsesión. se justifica porque el narco busca apoderarse de nuestra sociedad.) Recuerdo que hace un año el Presidente le aseguró a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas que en breve regresaría el Ejército a los cuarteles, aunque un día después la Defensa haya anunciado que continuaría el combate porque el narcotráfico había puesto en riesgo la viabilidad del país. Y no obstante la vigorosa defensa a principio del año en Davos, para refutar a funcionarios estadunidenses que nos consideraban un Estado fallido, Calderón había reconocido en Madrid, en junio de 2008, que “el crimen organizado comenzaba a oponer su propia fuerza a la fuerza del Estado, a oponer su propia ley a la ley del Estado, e incluso a recaudar contra la recaudación oficial.
Aguilar y Castañeda analizan la incursión del narco en la vida política, y concluyen que la de hoy no es ni mejor ni peor que la de hace 25 años: la misma corrupción, la misma complicidad, y las mismas áreas grises que impiden identificar claramente a policías y ladrones. ¿Posible participación de altos funcionarios (secretarios y procuradores) en el negocio de la droga? Contestan: resulta tan difícil demostrar o probar que algunos hayan sido cómplices, activos o pasivos, como imaginar que ninguno lo haya sido.
Uno de los motivos para la guerra fue la supuesta importación masiva de armas de grueso calibre de Estados Unidos. Los autores lo rechazan: ni la importación es masiva (lo demuestran con estadísticas confiables) ni todas las armas provienen de Estados Unidos; hoy día más de 14 países producen y venden el arma de elección, el cuerno de chivo.
En una pequeña obra plagada de estadísticas, pero también de buen humor, los autores aseguran que Calderón se pudo haber embarcado en una magna cruzada contra el crimen no organizado, una especie de cero tolerancia a la Rudy Giuliani. Pero eso no hubiera despertado las pasiones y adhesiones de la guerra contra el narco. Y sobre todo, no hubiera sido necesario vestir la casaca militar para publicitar el carácter de comandante en jefe del Presidente. El Ejército no podía convertirse en una fuerza antisecuestro. antifranelera y directamente antiPeje.
En esta guerra perdida de antemano el Presidente olvidó las tres recomendaciones de Colin Powell para la primera guerra del golfo Pérsico: superioridad de fuerzas (avasallar al enemigo), una clara estrategia de salida y una más clara definición de lo que constituye la victoria. Acusamos a Estados Unidos de ser el origen del problema (pinches gringos mariguanos, exclaman los autores parafraseando al mexicano de la calle), pero ellos ya van de salida: están a punto de convertir el tema del consumo en un problema social y de salud, mientras nosotros lo seguimos considerando un problema penal: perseguir y castigar, no rehabilitar. Uno de los autores propuso hace poco negociar con el narco y ahora proponen una solución al estilo de Colombia: atacar los daños colaterales (robo, secuestro, delitos menores), mientras el Estado se enfrasca con el narco en un quid pro quo de valores entendidos: qué puedes hacer y qué no.
Dicen que en el tema de las drogas todos los estados se hacen de la vista gorda. Grave acusación, la de Aguilar y Castañeda, porque las conclusiones, anticipadas en el inicio de la obra, plantean una pregunta obligada que también fue contestada en el prólogo: la razón primordial de la declaración de guerra fue política: lograr la legitimación supuestamente perdida en las urnas y los plantones, a través de la guerra en plantíos, calles y carreteras, ahora pobladas por mexicanos uniformados.
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La guerra contra el narco
Publicado por Rubén Aguilar Valenzuela en Octubre 27, 2009
El narco: la guerra fallida (Santillana, 2009), es un libro escrito junto con Jorge Castañeda en el que analizamos la estrategia de “guerra” declarada por el presidente Calderón el 11 de diciembre de 2006, cuando decidió lanzar un ataque frontal contra todo el narcotráfico, en todo el territorio, con toda la fuerza a su alcance y todo el tiempo.
El trabajo quiere ser una invitación a la discusión y el debate de un tema fundamental, no sólo de ahora, sino desde hace ya muchos años. Nos proponemos “explicar, informar y desmitificar” lo que el gobierno plantea en relación con su estrategia, y también aportar elementos para que los lectores hagan su propio juicio.
En el texto, hacemos un análisis crítico sobre las premisas en las que se fundamenta la “guerra”. En primer lugar, sostenemos que no existen datos para afirmar que México haya pasado de ser un país de tránsito a uno de consumo, y tampoco que ha aumentado de manera significativa la demanda de drogas de acuerdo con las cifras del propio gobierno.
Los adictos en México representan sólo el 0.4 por ciento de la población, no más de 450 mil ciudadanos, en una población de 110 millones de habitantes, que es un porcentaje muy menor con relación no sólo a Estados Unidos y los países de la Unión Europea, sino también a los de América Latina.
En segundo término, planteamos que si la razón era hacer frente al aumento de la violencia, todos los estudios, también los del gobierno, señalan que venía declinando desde el inicio de los años noventa, y la realidad es que, a casi tres años del inicio de las hostilidades, ahora existe un clima de violencia superior al que se pretendía combatir.
La tercera afirmación, de que si el motivo de la guerra fue la penetración del “narco” en nuevas o más importantes esferas de la vida política nacional, tampoco es creíble: estamos hablando de México, no de Noruega. La complicidad del narco con las autoridades municipales, estatales y federales no nació ayer, sino hace ya muchos años.
En cuarto lugar, tratamos de demostrar que el tráfico de armas procedentes de Estados Unidos no es la causa de la violencia en México, como lo señalan las autoridades. La mayoría de países de América Latina tiene índices de violencia muy superiores a los nuestros, con armas que provienen de otras regiones.
El quinto tema es que la demanda estadounidense ha permanecido estable en los últimos 40 años, variando sólo en su composición: más mariguana en los sesenta y setenta; más cocaína (y crack) a partir de 1985 y hasta finales de siglo; más metanfetaminas desde entonces y hasta hace poco, cuando su consumo empezó a desplomarse.
Es cierto que mientras haya demanda en Estados Unidos, habrá oferta en México, en América Latina, y en el mundo entero; pero también es cierto que siempre habrá esa demanda, y que la sociedad estadounidense ha concluido, con razón, que el esfuerzo por reducirla no vale la pena; la demanda en la Unión Americana también es un dado, no una variable.
Por último, es el sexto tema, hacemos una propuesta de cómo enfrentar de otra manera al problema social que implica la venta y consumo de drogas que, por cierto, es un fenómeno que siempre habrá de existir. Para eso intentamos mostrar cómo el “éxito” de Álvaro Uribe en Colombia es un contraejemplo en relación con la estrategia de Calderón.
Damos datos que ilustran cómo Colombia ha logrado notables avances en la limitación de los efectos colaterales provocados por el narcotráfico -secuestros, atentados, guerrillas, paramilitares, corrupción, hostigamiento por parte de Estados Unidos- sin reducir la superficie sembrada de hoja de coca, o la producción y exportación de cocaína.
La estrategia alternativa consta de cinco puntos: el control de los efectos colaterales (violencia y corrupción); la reducción del daño; la constitución de una policía nacional; el cabildeo en Estados Unidos, para que asuman el cambio de estrategia, y el sellamiento terrestre y marítimo del Istmo de Tehuantepec.
Sostenemos, a partir del análisis de los argumentos ofrecidos por el gobierno para justificar la “declaración de guerra”, que fue una decisión política que se propuso lograr la legitimación supuestamente perdida en las urnas, por medio de la guerra en los plantíos, las calles y las carreteras, ahora pobladas por mexicanos uniformados.
Llegamos a esta conclusión, que no sólo es nuestra, junto con otros que la vieron antes. El lector, en cada uno de los seis capítulos, encontrará datos duros de fuentes del gobierno mexicano, de Estados Unidos, de organismos multilaterales e internacionales que fundamenten las tesis expuestas. El libro está ya en las librerías e invitamos a su lectura y debate.
Posdata:
Sigue la discusión del paquete de ingresos 2010. En los partidos impera la lógica político electoral y no la técnica. Nadie quiere asumir su responsabilidad y pagar el costo político que implica. El problema seguirá presente, lleva ya años, mientras no se decida una reforma fiscal sencilla y transparente, a la manera que hoy tiene Chile, para resolver el problema de fondo.
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El narco: la guerra fallida. Nota publicada por Denise Maerker
Publicado por Rubén Aguilar Valenzuela en Octubre 26, 2009
Una guerra sin fin
El apoyo popular a todas las guerras, por legítimas que parezcan, se va debilitando conforme pasa el tiempo y aumentan los costos. Lo que es cierto en Irak y Afganistán lo es también en México en la guerra contra el narcotráfico. Han pasado tres años y la hora de hacer una rigurosa evaluación parece haber llegado. Por varias razones, porque el costo de enfrentar a los narcotraficantes es muy alto y porque no podemos seguir sin saber si vamos ganando y en qué consiste ganar. Hoy más que nunca tenemos que saber si el dinero destinado a esa guerra no estaría mejor invertido en la lucha contra la pobreza o en buscar reactivar la economía. El debate ya está abierto. Jorge G. Castañeda y Rubén Aguilar en su recién publicado libro El narco: la guerra fallida cuestionan, de entrada, que la guerra contra el narco fuera necesaria. Para ellos, Calderón se lanzó contra el narcotráfico por razones políticas y no por cuestiones apremiantes de seguridad. Apoyados en los datos de la Encuesta Nacional de Adicciones (2008) los autores demuestran, de inicio, que contrariamente a la tesis del gobierno, en México no ha habido un aumento en el consumo de drogas y por lo tanto nada que explique una explosión del narcomenudeo. En general, su tesis es que ni el consumo, ni la violencia, ni la corrupción de autoridades que se vivía a fines del 2006 eran nuevos ni se habían disparado de forma que justificara sacar al Ejército a pelear en las calles una guerra permanente contra los narcotraficantes. Para Aguilar y Castañeda el verdadero objetivo de Calderón fue legitimarse en el poder luego de una elección cuestionada y de una atropellada toma de posesión. Para los autores, no sólo la guerra no habría sido necesaria sino que además desvió recursos humanos y económicos respecto de la inseguridad que sí preocupa a los mexicanos: los robos y los secuestros. La guerra tal y como está planteada hoy, sostienen, no tiene final ni éxito posible. Los autores proponen limitar, no el tráfico, sino los efectos colaterales dañinos que el tráfico provoca: asesinatos, inseguridad, corrupción. Su ejemplo es Colombia.
La discusión debe darse. A tres años de iniciada esta guerra seguimos sin poder medir sus resultados. Las ejecuciones aumentan, la violencia permanece y las ciudades y los pueblos de las zonas calientes del narco siguen sin ser recuperadas. Las guerras generan intereses e interesados en mantenerlas. En México esta guerra le ha dado poder y dinero al grupo que la encabeza. Los mismos que tratan de convencernos permanentemente que vamos ganando y que es una guerra necesaria.
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Una decisión esperada
Publicado por Rubén Aguilar Valenzuela en Octubre 20, 2009
La decisión de liquidar Luz y Fuerza del Centro (LFC) estaba tomada desde hace 15 años y, por lo mismo, no debe sorprender a nadie. Lo que no deja de llamar la atención es que a pesar de los estudios con los que contaba el Ejecutivo federal sobre el estado que guardaba la empresa, el evidente mal servicio que prestaba y el creciente e insostenible déficit que implicaba la inyección de cada vez más recursos públicos, no se actuara en consecuencia.
El gobierno había perdido el control efectivo de la paraestatal desde hace muchos años, y los “usos y costumbres” generados por el sindicato eran los que realmente conducían a la empresa. En la medida en que pasaba el tiempo, el espacio de maniobra de los dirigentes sindicales, los verdaderos dueños de LFC, se hacía más fuerte y reducía el de los directivos, que actuaban bajo la única consigna de evitar el conflicto.
La amenaza de las soluciones de fuerza por parte del sindicato, que siempre fue muy bien manejada por sus líderes, mantenía a raya cualquier iniciativa del gobierno. El sindicato no dialogaba, sino que se imponía. La arrogancia de los dirigentes sindicales y su seguridad en que el gobierno cedería ante el temor del conflicto social otorgaban al sindicato una privilegiada posición de fuerza de la que siempre hacía uso.
Los dirigentes sindicales, año con año, tensaban la cuerda, que parecía romperse en cada “negociación” del contrato colectivo. La soberbia de sus dirigentes sindicales, que asumían tener bajo control al gobierno, les impidió analizar con objetividad su verdadera correlación de fuerzas. Se negaron a ver que el entorno era cada vez más negativo a la empresa y sus trabajadores. Se negaron a ver que ya no sólo podían imponerse, sino que era necesario negociar.
En La Diferencia (Grijalbo, 2007), J. Castañeda y el que escribe, damos cuenta de la única recomendación que el presidente Zedillo hizo al entonces presidente electo Fox, que era sobre el camino que debería seguirse con LFC. Lo que le dijo fue que “durante su mandato había llegado a la conclusión de que sólo mediante la requisa y preparando una sólida estrategia de seguridad, para enfrentar a los trabajadores en las calles, se podrían cambiar las cosas”.
Le planteó también que “la única manera de resolver a fondo el problema de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro es que ésta se integre a la Comisión Federal de Electricidad”. Fox y Zedillo coincidían en que debían quedar a salvo “todos los derechos ganados” por los trabajadores. Zedillo, con los números en la mano, pensaba, tenía la razón, que “seguir pagando cada año lo que cuesta el contrato colectivo resulta insostenible”.
En el gobierno del presidente Zedillo el pago del contrato de LFC implicó fondos adicionales de la hacienda pública, al final de los contribuyentes, de ocho mil millones de dólares; en el del presidente Fox, de 12 mil millones de dólares, y al presidente Calderón le tocaría pagar unos 20 mil millones de dólares. En el encuentro entre Zedillo y Fox se habló de que el costo financiero de la medida requería fondos de cuatro mil millones de dólares, pero “gracias a ello luego se generarían grandes ahorros”.
Pese a tener muy claro lo que se debería de hacer para resolver el problema y evitar la pérdida creciente y absurda de los recursos públicos, Zedillo y Fox no lo pusieron en práctica, porque consideraron, con razón o sin ella, que en el momento que les tocó vivir, el uso de la fuerza pública, condición indispensable para resolver el problema, implicaba un costo político que les resultaba muy alto, incluso astronómico.
El presidente Calderón asumió los riesgos y tomó la decisión de poner en práctica la solución que ya se había visto desde años atrás. Ahora son otras las condiciones, hay más conciencia de la ciudadanía, mayor desgaste del sindicato y se vive una profunda crisis económica y de las finanzas públicas que obligan a la acción, pero eso no demerita la decisión del presidente, que se le debe reconocer.
Desde su origen, LFC era una empresa inviable. Las soluciones ideales, aunque se quieran, no existen. La toma de las decisiones en el ámbito del poder público se da, la gran mayoría de las veces, sólo entre males, y lo que toca es elegir el mal menor. Lo que siempre se debe de garantizar es que las decisiones sean legales, y desde mi punto de vista la que ha tomado el presidente, aunque no guste a unos y sí a otros, está apegada a derecho. Si alguien tiene duda, debe acudir a la SCJN, para que ésta se pronuncie.
Posdata:
El narco: la guerra fallida, de Rubén Aguilar V. y Jorge G. Castañeda, (Santillana, 2009), se coloca hoy en las librerías. En el texto, los autores ofrecen un análisis sobre las razones que esgrime el gobierno para sostener su “guerra” contra el narcotráfico y ofrecen su valoración de la misma. Plantean también cuál sería su propuesta para hacer frente al problema. En el próximo artículo me extenderé sobre el texto.
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