Francisco Xavier Clavigero

Publicado en el número 17 de la Revista Replicante.

Francisco Xavier Clavigero

Hace diez años…

Publicado en El Universal el 28 de noviembre de 1998.

Chile: fuera máscaras

El affair Pinochet ha permitido que en Chile “se cayeran las máscaras”, me decía con convicción Gonzalo Arroyo la semana pasada, en Santiago. El jesuita y economista expulsado por la dictadura, que vivió buena parte de su exilio en México, tiene razón. Algo nuevo se ha abierto en Chile a partir del encarcelamiento del general golpista. La sociedad chilena trató de es­conder y silenciar su propia historia. La transición impuesta por los militares dejó intacto el miedo que dominó a los chilenos en los años de la dictadura. El miedo era la seguridad, la gran arma que esgrimían Pinochet y los militares para seguir gozando de la impunidad. Los ac­tores se han revelado a seguir el libreto y a pronunciar los parlamentos que se les había asignado.

Hace unos días el escritor Jorge Edwards escribió en El País: “Ha predominado entre los chilenos una curiosa combinación de arrogancia y de ingenuidad, de autosatisfacción y de provincialismo. El segundo Gobierno de la transición, con superficialidad, con un exceso de optimismo, ha creído o ha pretendido creer que el proceso ya estaba terminado. Y que lo estaba ante el aplauso de todo el mundo. También se trasmitió la falsa impresión, en algunos momentos, de que el general Pinochet había sido reivindicado y hasta glorificado por los chilenos”. Esa sensación que se podía constatar cada vez que uno visitaba Chile se ha roto. “Es el triunfo de los muertos, que no han permitido que los olvidemos”, ha dicho Ariel Dorfman.

Con su encarcelamiento en Londres, me asegura el padre Arroyo, “La magia de Pinochet ha muerto”. Está liquidado políticamente. El mito construido con esmero por él mismo y arropado por la derecha y el Ejército chileno se ha venido a tierra. Ya no es cierto lo que sostiene una pinta en las paredes del río Mapocho, que cruza Santiago, que dice: “Pinochet el salvador”. No. Pinochet es el genocida, el asesino y torturador de miles de chilenos, la causa de que otros miles huyeran y per­dieran su patria. El es quien dividió a la sociedad chilena. Las mujeres que permanecen fuera de la Fundación Pinochet, en Santiago, sostienen un cartel con una foto del general cruzada por una palabra: “Inmortal”. Así lo ha presentado la derecha y el Ejército. Pinochet ya no es más el “inmortal”, después de que los lores ingleses, sus antiguos aliados, le negaran el derecho de inmunidad.

En los días que permanecí en Santiago se dio a co­nocer una encuesta que revelaba que 70% de los chi­lenos estaba en favor de un juicio contra Pinochet y 25% decía que no le importaba si se le juzgaba fuera del país. La clase política insiste que a Pinochet sólo se le puede llevar a los tribunales en Chile. La realidad es que en los años de la democracia chilena, y a pesar de la evidencia de los crímenes cometidos por Pinochet, nadie se ha atrevido a juzgarlo. El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco Javier Errázuriz, ha planteado que se ha lle­gado a la actual situación por la incapacidad de la jus­ticia chilena de enjuiciar la violación de los derechos humanos en los años de la dictadura.

“Lo que revela el affair Pinochet es que la gente no olvida lo que sucedió. El problema de los asesinados y desaparecidos está presente y va a seguir ahí, como una herida abierta en la medida que se le quiera esconder o trate de ignorar”, me asegura el padre Arroyo. El camino que pudiera conducir a una solución de fondo es la sugerente propuesta hecha días atrás por la Conferencia Episcopal de Chile. Los obispos sostienen que es ne­cesario que quienes cometieron crímenes y abusos acep­ten su responsabilidad. El perdón de las víctimas sólo puede surgir a partir del acto primero de reconocimiento de la violación de los derechos humanos por parte de los victimarios. La reconciliación entre los chilenos, así lo dicen los obispos, puede hacerse realidad en el momento en que unos reconozcan sus culpas y los otros, al conocer la verdad, perdonen a los culpables. Mientras esto no suceda, las heridas permanecerán abiertas. No importa si Pinochet regresa a Chile a gozar de la im­punidad o si es extraditado y juzgado en España.

El documento que en febrero de 1991 presentó la Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación, co­nocido como el Informe Rettig, documentó mi 200 casos de los asesinados y desaparecidos de los 4 mil que se calcula tuvieron lugar en los años de la dictadura. En muy pocas veces se dio cuenta de los responsables de los hechos. La justicia, con esa información, pudo haber iniciado el juicio de los violadores de los derechos humanos, pero no hizo nada. Se plegó a los deseos del Ejército. Es cierto que la Ley de Amnistía promulgada por el régimen de Pinochet hacia improcedente cualquier intento de la justicia. Ahora mismo el juez Juan Guzmán ha dado entrada a 12 querellas judiciales contra Pinochet en Chile, pero se ha enfrentado a la negativa de los tribunales y a la propia ley que fue promulgada para liberar de cualquier responsabilidad a todos los asesinos y torturadores.

La sociedad chilena se quitó la máscara del miedo y en muchos casos de la indiferencia. La derecha chilena se arrancó la máscara de su supuesta democracia. Su reacción ante el encarcelamiento de su líder ha sido violenta, primitiva e histérica. El hijo mayor de Pinochet habla de una conjura internacional organizada en contra de su padre y advierte que “nunca nos han ganado en ningún tipo de lides, y no va a ser ésta la ocasión de comenzar”. El Ejército también se ha despojado de la máscara de su supuesta nueva institucionalidad, para amenazar con que habrá de “tornar acciones”. Los años de la dictadura y los que siguieron a la transición tutelada por Pinochet y el Ejército han obligado a callar, a no nombrar las cosas por su nombre. Ahora se abre un espacio para que toda la sociedad chilena se encuentre, sin estorbos, consigo misma.

“Lo que ahora está sucediendo en Chile es muy po­sitivo porque pone las cosas en su justa dimensión”, me dice con entusiasmo el padre Arroyo. La derecha y el Ejército intentan chantajear, para no perder sus privilegios y seguir gozando siempre de la impunidad. Las cosas, con todo, ya no volverán a ser las mismas después del encarcelamiento y desconocimiento de la inmunidad de Pinochet. Incluso si por razones humanitarias Ingla­terra decide liberar al viejo general. Hay un Chile antes y después de este hecho. La transición chilena no está en peligro como bien lo advierte Isabel Allende, la hija del presidente mártir y ahora diputada, cuando plantea que “al contrario, todas las democracias se fortalecen cuan­do están basadas en principios sólidos como son la verdad y la justicia. ¿Cómo puede debilitarse una de­mocracia cuando se demuestra que nadie está por en­cima de la ley?”. En los próximos días vamos a ver encendidas protestas de la derecha e intensas presiones del Ejército, pero las cosas no van a pasar de ahí. Son los movimientos propios del ajuste institucional que se vive en Chile.

Posdata:

La campaña “México por Centroamérica” recolectó 9 millones 700 mil dólares. Ha sido un éxito. La sociedad mexicana respondió con simpatía y solidaridad a la des­gracia de nuestros hermanos centroamericanos. El viernes y el sábado la esposa del Presidente mexicano, acompañada por el director del DIF, quien organizó la colecta, visitó los países afectados y entregó a nombre del pueblo de México los donativos a los pueblos de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Nicaragua, representados por sus presidentes.

Chávez y Ortega: Proyectos de dictador

 

El presidente Chávez en Venezuela y Ortega en Nicaragua tienen derecho a participar en las elecciones pronunciándose a favor de sus candidatos. De la misma manera que lo hace el presidente Lula en Brasil y en su momento el presidente Lagos de Chile que pedía votar por la candidata de su partido.  

Derecho que también tenía Fox de hablar a favor del proyecto que veía como el mejor en las elecciones del 2006. Es lo que ocurre en las sociedades democráticas. Aquí no está el problema. Éste comienza cuando se usan los recursos públicos en apoyo al candidato del presidente o cuando desde el gobierno se amenaza a la oposición y a la sociedad si no vota de tal o cual manera.

Eso es lo que hizo Ortega en las elecciones del nueve de noviembre y ahora Chávez en las del pasado domingo 23 de noviembre. Éste amenazó con “sacar los tanques a la calle” en los estados que gane la oposición. Amenazó también con cortar los recursos públicos a los estados donde pierda su partido. Esto en el intento de impedir se votara por la oposición.

Lo que no debe hacerse es utilizar las instituciones electorales como órganos del gobierno en turno, que es lo que ahora ocurre en Nicaragua y Venezuela. Tampoco violentar el derecho a la libertad de expresión y de prensa lo que es común en esos dos países. Les es también común el uso de masas fanatizadas, para impedir las expresiones de la oposición.

Estos proyectos de dictador, todavía no lo son, pero caminan en esa dirección, se enfrentan a la resistencia de los sectores más cocientes de la sociedad. En el caso de Nicaragua está la oposición, pero también la gran mayoría de los cuadros históricos del FSLN que dejaron el partido avergonzados de la corrupción y los métodos de Ortega. La tradición democrática de Venezuela ha impedido que Chávez pueda hacer lo que quiera.

La prensa independiente en esos países no se ha dejado amedrentar pese a los insultos, las amenazas y la persecución. Su trabajo ha resultado fundamental, para detener el proyecto dictatorial de estos gobernantes. Es, con todo, la ciudadanía que no quiere volver a los tiempos de la dictadura y el autoritarismo quien ha jugado el papel más importante y ha impedido, hasta ahora, que se consuma el plan de Ortega y Chávez. 

El fraude en las elecciones en Nicaragua, el pasado 9 de noviembre, recuerda los tiempos de la dictadura somocista. La oposición, que no acepta los resultados, sigue luchando para que se respete la decisión ciudadana. Sectores comprometidos con Ortega, como la iglesia católica, ha tenido que tomar distancia para denunciar las irregularidades del proceso electoral. El caso sigue abierto y se complica.

En las elecciones regionales del 23 de noviembre la ciudadanía venezolana salió masivamente a votar. Lo hizo más del 65 por ciento del padrón. Al primer corte, ya en la madrugada del lunes 24 de noviembre, y contados más del 95 por ciento de los votos se reconoció que la oposición había ganado cuatro gobernaturas y la alcaldía de Caracas. Conserva Zulia y Nueva Esparta y ahora triunfa en Miranda y Carabobo. Las regiones con mayor número de votantes son Zulia, Miranda, Caracas y Carabobo. De los electores casi el 40 por ciento votó a favor de la oposición.

En Miranda y Caracas fueron derrotados dos de los personajes más cercanos a Chávez. El gobierno sigue siendo la principal fuerza política, pero en el voto popular la oposición crece de manera notable con relación a la elección regional del 2004. En esta elección el chavismo obtiene un poco más de cinco millones de votos y la oposición algo más de cuatro millones.   

El oficialismo no arrasó como se lo había propuesto y la oposición, si bien avanzó, y se hace de la alcaldía de Caracas que es el puesto político de mayor visibilidad después del presidente y de los estados más poblados, no logra todo lo que las encuestas habían previsto. El gobierno ya anunció que acepta los resultados y los opositores, a diferencia del discurso oficialista, siempre triunfalista y agresivo, han ofrecido colaborar con el presidente.

Después de estos resultados Chávez debe medir muy bien si se lanza, como ya lo ha dicho, a un segundo intento para  lograr la modificación de la Constitución que le permita reelegirse de manera permanente. El 2 de diciembre pasado fracasó en su primer intento. En esa ocasión el ejército fue el factor clave para impedir el fraude que quería hacer Chávez ante los resultados que le eran adversos.

El gobierno y la oposición van a presentar estos comicios  como un gran triunfo. Ambos tienen elementos para hacerlo. El gobierno puede decir que tiene el mayor número de gobernaturas y la oposición plantear que si bien son pocas las que ganó en ellas se concentra el mayor número de electores del país. Frente a la votación Chávez debe asumir que la gente rechaza la posibilidad de la reelección permanente y la oposición que el chavismo es una fuerza real con la que tiene que competir.