Francisco Xavier Clavigero

Publicado en el número 17 de la Revista Replicante.

Francisco Xavier Clavigero

Hace diez años…

Publicado en El Universal el 28 de noviembre de 1998.

Chile: fuera máscaras

El affair Pinochet ha permitido que en Chile “se cayeran las máscaras”, me decía con convicción Gonzalo Arroyo la semana pasada, en Santiago. El jesuita y economista expulsado por la dictadura, que vivió buena parte de su exilio en México, tiene razón. Algo nuevo se ha abierto en Chile a partir del encarcelamiento del general golpista. La sociedad chilena trató de es­conder y silenciar su propia historia. La transición impuesta por los militares dejó intacto el miedo que dominó a los chilenos en los años de la dictadura. El miedo era la seguridad, la gran arma que esgrimían Pinochet y los militares para seguir gozando de la impunidad. Los ac­tores se han revelado a seguir el libreto y a pronunciar los parlamentos que se les había asignado.

Hace unos días el escritor Jorge Edwards escribió en El País: “Ha predominado entre los chilenos una curiosa combinación de arrogancia y de ingenuidad, de autosatisfacción y de provincialismo. El segundo Gobierno de la transición, con superficialidad, con un exceso de optimismo, ha creído o ha pretendido creer que el proceso ya estaba terminado. Y que lo estaba ante el aplauso de todo el mundo. También se trasmitió la falsa impresión, en algunos momentos, de que el general Pinochet había sido reivindicado y hasta glorificado por los chilenos”. Esa sensación que se podía constatar cada vez que uno visitaba Chile se ha roto. “Es el triunfo de los muertos, que no han permitido que los olvidemos”, ha dicho Ariel Dorfman.

Con su encarcelamiento en Londres, me asegura el padre Arroyo, “La magia de Pinochet ha muerto”. Está liquidado políticamente. El mito construido con esmero por él mismo y arropado por la derecha y el Ejército chileno se ha venido a tierra. Ya no es cierto lo que sostiene una pinta en las paredes del río Mapocho, que cruza Santiago, que dice: “Pinochet el salvador”. No. Pinochet es el genocida, el asesino y torturador de miles de chilenos, la causa de que otros miles huyeran y per­dieran su patria. El es quien dividió a la sociedad chilena. Las mujeres que permanecen fuera de la Fundación Pinochet, en Santiago, sostienen un cartel con una foto del general cruzada por una palabra: “Inmortal”. Así lo ha presentado la derecha y el Ejército. Pinochet ya no es más el “inmortal”, después de que los lores ingleses, sus antiguos aliados, le negaran el derecho de inmunidad.

En los días que permanecí en Santiago se dio a co­nocer una encuesta que revelaba que 70% de los chi­lenos estaba en favor de un juicio contra Pinochet y 25% decía que no le importaba si se le juzgaba fuera del país. La clase política insiste que a Pinochet sólo se le puede llevar a los tribunales en Chile. La realidad es que en los años de la democracia chilena, y a pesar de la evidencia de los crímenes cometidos por Pinochet, nadie se ha atrevido a juzgarlo. El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco Javier Errázuriz, ha planteado que se ha lle­gado a la actual situación por la incapacidad de la jus­ticia chilena de enjuiciar la violación de los derechos humanos en los años de la dictadura.

“Lo que revela el affair Pinochet es que la gente no olvida lo que sucedió. El problema de los asesinados y desaparecidos está presente y va a seguir ahí, como una herida abierta en la medida que se le quiera esconder o trate de ignorar”, me asegura el padre Arroyo. El camino que pudiera conducir a una solución de fondo es la sugerente propuesta hecha días atrás por la Conferencia Episcopal de Chile. Los obispos sostienen que es ne­cesario que quienes cometieron crímenes y abusos acep­ten su responsabilidad. El perdón de las víctimas sólo puede surgir a partir del acto primero de reconocimiento de la violación de los derechos humanos por parte de los victimarios. La reconciliación entre los chilenos, así lo dicen los obispos, puede hacerse realidad en el momento en que unos reconozcan sus culpas y los otros, al conocer la verdad, perdonen a los culpables. Mientras esto no suceda, las heridas permanecerán abiertas. No importa si Pinochet regresa a Chile a gozar de la im­punidad o si es extraditado y juzgado en España.

El documento que en febrero de 1991 presentó la Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación, co­nocido como el Informe Rettig, documentó mi 200 casos de los asesinados y desaparecidos de los 4 mil que se calcula tuvieron lugar en los años de la dictadura. En muy pocas veces se dio cuenta de los responsables de los hechos. La justicia, con esa información, pudo haber iniciado el juicio de los violadores de los derechos humanos, pero no hizo nada. Se plegó a los deseos del Ejército. Es cierto que la Ley de Amnistía promulgada por el régimen de Pinochet hacia improcedente cualquier intento de la justicia. Ahora mismo el juez Juan Guzmán ha dado entrada a 12 querellas judiciales contra Pinochet en Chile, pero se ha enfrentado a la negativa de los tribunales y a la propia ley que fue promulgada para liberar de cualquier responsabilidad a todos los asesinos y torturadores.

La sociedad chilena se quitó la máscara del miedo y en muchos casos de la indiferencia. La derecha chilena se arrancó la máscara de su supuesta democracia. Su reacción ante el encarcelamiento de su líder ha sido violenta, primitiva e histérica. El hijo mayor de Pinochet habla de una conjura internacional organizada en contra de su padre y advierte que “nunca nos han ganado en ningún tipo de lides, y no va a ser ésta la ocasión de comenzar”. El Ejército también se ha despojado de la máscara de su supuesta nueva institucionalidad, para amenazar con que habrá de “tornar acciones”. Los años de la dictadura y los que siguieron a la transición tutelada por Pinochet y el Ejército han obligado a callar, a no nombrar las cosas por su nombre. Ahora se abre un espacio para que toda la sociedad chilena se encuentre, sin estorbos, consigo misma.

“Lo que ahora está sucediendo en Chile es muy po­sitivo porque pone las cosas en su justa dimensión”, me dice con entusiasmo el padre Arroyo. La derecha y el Ejército intentan chantajear, para no perder sus privilegios y seguir gozando siempre de la impunidad. Las cosas, con todo, ya no volverán a ser las mismas después del encarcelamiento y desconocimiento de la inmunidad de Pinochet. Incluso si por razones humanitarias Ingla­terra decide liberar al viejo general. Hay un Chile antes y después de este hecho. La transición chilena no está en peligro como bien lo advierte Isabel Allende, la hija del presidente mártir y ahora diputada, cuando plantea que “al contrario, todas las democracias se fortalecen cuan­do están basadas en principios sólidos como son la verdad y la justicia. ¿Cómo puede debilitarse una de­mocracia cuando se demuestra que nadie está por en­cima de la ley?”. En los próximos días vamos a ver encendidas protestas de la derecha e intensas presiones del Ejército, pero las cosas no van a pasar de ahí. Son los movimientos propios del ajuste institucional que se vive en Chile.

Posdata:

La campaña “México por Centroamérica” recolectó 9 millones 700 mil dólares. Ha sido un éxito. La sociedad mexicana respondió con simpatía y solidaridad a la des­gracia de nuestros hermanos centroamericanos. El viernes y el sábado la esposa del Presidente mexicano, acompañada por el director del DIF, quien organizó la colecta, visitó los países afectados y entregó a nombre del pueblo de México los donativos a los pueblos de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Nicaragua, representados por sus presidentes.

Chávez y Ortega: Proyectos de dictador

 

El presidente Chávez en Venezuela y Ortega en Nicaragua tienen derecho a participar en las elecciones pronunciándose a favor de sus candidatos. De la misma manera que lo hace el presidente Lula en Brasil y en su momento el presidente Lagos de Chile que pedía votar por la candidata de su partido.  

Derecho que también tenía Fox de hablar a favor del proyecto que veía como el mejor en las elecciones del 2006. Es lo que ocurre en las sociedades democráticas. Aquí no está el problema. Éste comienza cuando se usan los recursos públicos en apoyo al candidato del presidente o cuando desde el gobierno se amenaza a la oposición y a la sociedad si no vota de tal o cual manera.

Eso es lo que hizo Ortega en las elecciones del nueve de noviembre y ahora Chávez en las del pasado domingo 23 de noviembre. Éste amenazó con “sacar los tanques a la calle” en los estados que gane la oposición. Amenazó también con cortar los recursos públicos a los estados donde pierda su partido. Esto en el intento de impedir se votara por la oposición.

Lo que no debe hacerse es utilizar las instituciones electorales como órganos del gobierno en turno, que es lo que ahora ocurre en Nicaragua y Venezuela. Tampoco violentar el derecho a la libertad de expresión y de prensa lo que es común en esos dos países. Les es también común el uso de masas fanatizadas, para impedir las expresiones de la oposición.

Estos proyectos de dictador, todavía no lo son, pero caminan en esa dirección, se enfrentan a la resistencia de los sectores más cocientes de la sociedad. En el caso de Nicaragua está la oposición, pero también la gran mayoría de los cuadros históricos del FSLN que dejaron el partido avergonzados de la corrupción y los métodos de Ortega. La tradición democrática de Venezuela ha impedido que Chávez pueda hacer lo que quiera.

La prensa independiente en esos países no se ha dejado amedrentar pese a los insultos, las amenazas y la persecución. Su trabajo ha resultado fundamental, para detener el proyecto dictatorial de estos gobernantes. Es, con todo, la ciudadanía que no quiere volver a los tiempos de la dictadura y el autoritarismo quien ha jugado el papel más importante y ha impedido, hasta ahora, que se consuma el plan de Ortega y Chávez. 

El fraude en las elecciones en Nicaragua, el pasado 9 de noviembre, recuerda los tiempos de la dictadura somocista. La oposición, que no acepta los resultados, sigue luchando para que se respete la decisión ciudadana. Sectores comprometidos con Ortega, como la iglesia católica, ha tenido que tomar distancia para denunciar las irregularidades del proceso electoral. El caso sigue abierto y se complica.

En las elecciones regionales del 23 de noviembre la ciudadanía venezolana salió masivamente a votar. Lo hizo más del 65 por ciento del padrón. Al primer corte, ya en la madrugada del lunes 24 de noviembre, y contados más del 95 por ciento de los votos se reconoció que la oposición había ganado cuatro gobernaturas y la alcaldía de Caracas. Conserva Zulia y Nueva Esparta y ahora triunfa en Miranda y Carabobo. Las regiones con mayor número de votantes son Zulia, Miranda, Caracas y Carabobo. De los electores casi el 40 por ciento votó a favor de la oposición.

En Miranda y Caracas fueron derrotados dos de los personajes más cercanos a Chávez. El gobierno sigue siendo la principal fuerza política, pero en el voto popular la oposición crece de manera notable con relación a la elección regional del 2004. En esta elección el chavismo obtiene un poco más de cinco millones de votos y la oposición algo más de cuatro millones.   

El oficialismo no arrasó como se lo había propuesto y la oposición, si bien avanzó, y se hace de la alcaldía de Caracas que es el puesto político de mayor visibilidad después del presidente y de los estados más poblados, no logra todo lo que las encuestas habían previsto. El gobierno ya anunció que acepta los resultados y los opositores, a diferencia del discurso oficialista, siempre triunfalista y agresivo, han ofrecido colaborar con el presidente.

Después de estos resultados Chávez debe medir muy bien si se lanza, como ya lo ha dicho, a un segundo intento para  lograr la modificación de la Constitución que le permita reelegirse de manera permanente. El 2 de diciembre pasado fracasó en su primer intento. En esa ocasión el ejército fue el factor clave para impedir el fraude que quería hacer Chávez ante los resultados que le eran adversos.

El gobierno y la oposición van a presentar estos comicios  como un gran triunfo. Ambos tienen elementos para hacerlo. El gobierno puede decir que tiene el mayor número de gobernaturas y la oposición plantear que si bien son pocas las que ganó en ellas se concentra el mayor número de electores del país. Frente a la votación Chávez debe asumir que la gente rechaza la posibilidad de la reelección permanente y la oposición que el chavismo es una fuerza real con la que tiene que competir. 

 

Hace diez años…

Artículo publicado el 21 de noviembre de 1998, en el periódico El Universal.

El Fobaproa y la política

El Fobaproa desde su origen, por la forma en que se decidió, ha sido no sólo un problema técnico-financiero, sino también político. Han pasado ocho meses de que el presidente Zedillo envió su propuesta de ley al Congreso y poco o nada se han avanzado. Las posiciones siguen siendo las mismas. De manera simple se podrían definir así: el gobierno quiere hacer pasar su propuesta sin hacerse responsable de sus errores. No está dispuesto a pagar ningún costo. La oposición no acepta que el gobierno actúe impunemente. Debe pagar por sus fallas y manera de proceder. Las posturas son irreconocibles.

La causa remota que explica el Fobaproa se encuentra en la manera de operar del sistema político mexicanos, donde las autoridades del Ejecutivo nunca se han visto en la obligación de consultar y rendir cuentas. Siempre ha actuado en la más absoluta arbitrariedad. La causa intermedia tiene que ver con las condiciones económicas y financieras internacionales. Las causas más próximas son tres: la manera en que se realizó la privatización de la banca. Se hizo sólo con criterios comerciales. El que daba más, sin importar quién era y que podía ofrecer al país, se llevaba su banco. Aparece, entonces, un nuevo grupo de banqueros a la cabeza de hombres como Carlos Cabal o Isidoro Rodríguez. El Fobaproa ha puesto en evidencia la relación perversa que por muchos años ha caracterizado la relación entre los hombres de la empresa y el go­bierno.

Otra de las causas ha sido la dinámica de libera­lización financiera, que siguiendo las recomendaciones de los organismos financieros internacionales se hizo de manera más dogmática, ligera e irresponsable. Un proceso que ha estado conducido por funcionarios inexpertos y también ineptos. Algunos, es cierto, con estudios en las mejores universidades de Estados Unidos. Es evidente que los doctorados, de por sí útiles, no pueden dar experiencia y tampoco madurez a los hombres del poder. Parece, incluso, que producen lo contrario. La última de las causas es el conjunto de operaciones fraudulentas soslayadas por los funcionarios bancarios y las auto­ridades. Es posible, hay muchos indicios, que estas úl­timas no sólo actuaron con deficiencia sino que también estuvieron implicadas en actos de corrupción.

La actual ley da pie para afirmar, como lo hace la oposición, que el gobierno en el caso del Fobaproa actuó de manera que se violó la Constitución. El gobierno, aprovechando los vacíos de la ley, afirma que tenía todo el derecho de hacer lo que hizo. Las autoridades pueden justificar su actuación en términos jurídicos, pero lo que no pueden evitar es dar cuenta de sus actos y asumir sus errores y deficiencias. El gobierno no puede minimizar, como lo quiere hacer, el resultado de su actuación y el costo de sus malas decisiones. El responsabilizarse de los actos propios es la condición de posibilidad para iniciar el diálogo constructivo.

El Ejecutivo estaba obligado a actuar, nadie lo pone en duda, pero no de la manera que lo hizo. Debe, entonces, asumir su responsabilidad. El gobierno y sus funcionarios piden a la sociedad y las fuerzas políticas de la oposición que avalen, sin más, su actuación. Se quiere que la oposición vote en el Congreso la propuesta y sólo después, y en el mejor de los casos, una vez que se haya terminado la auditoría se proceda contra los clientes, banqueros y funcionarios que hubieran cometido algún ilícito. Sólo y nada más que eso. La discrecionalidad, la irresponsabilidad y la ineptitud quedan a salvo. No son materia de discusión. Así, el país no puede avanzar en el camino de la democracia y la modernización. ¿Quién garantiza que el gobierno cumplirá con su palabra des­pués de las auditorías? Ya no lo hizo con los acuerdos de San Andrés.

El presidente Zedillo, el responsable en última ins­tancia del Fobaproa, defiende su propuesta y critica con mayor fuerza a la oposición. El mandatario la acusa de intransigente, de estar politizando el problema y de chan­tajear a su gobierno. La oposición se refiere al Presidente en términos más o menos iguales. ¿Quién tiene la razón? ¿Cómo destrabar el problema y retomar la discusión? Los líderes empresariales defienden, sin más, la posición gubernamental y también critican a la oposición. En sus últimas intervenciones, el presidente del Consejo Coor­dinador Empresarial (CCE), Eduardo Bours, y el presi­dente de la Asociación de Banqueros de México (AMO), Carlos Gómez, solicitan el borrón y cuenta nueva. Su actitud no ayuda a resolver el problema y sí contribuye a hacerlo más difícil.

Los partidos de oposición quieren obligar al gobierno a que rinda cuentas de su actuación. Están en su derecho, para eso existen y por eso el electorado los eligió. Se critica al PRD, desde el gobierno y la empresa, de intransigente, de sólo querer reventar la negociación y tam­bién actuar de manera irresponsable por difundir infor­mación que supuestamente debería ser confidencial. Al PAN se le acusa, desde el gobierno, de estar básicamente de acuerdo con la posición del Ejecutivo, pero exigir, a cambio de su aceptación, la renuncia de funcionarios con el objeto de protegerse por avalar una medida antipo­pular. Es evidente que los partidos de la oposición no están dispuestos a pagar los costos políticos de una mala decisión. No tienen por qué. Ellos no tomaron las medidas que condujeron al desastre que ha supuesto el Foba­proa.

El gobierno y la oposición tienen que negociar. Las posiciones de fuerza no convienen a nadie. Implica que las autoridades abandonen la prepotencia y la soberbia en la que se han encerrado. Tienen que ceder. Hubo errores graves y hay que reconocerlos. El costo político, esa es la realidad, ya lo han estado pagando. El PRD y el PAN tienen que negociar; no bajo cualquier condición, no se puede soslayar la corrupción y el contubernio entre autoridades y banqueros, pero también tienen que ceder. Es necesario encontrar caminos y salidas a la crisis ins­titucional. La sociedad, que es la que en último término padece las medidas que se tomen o dejen de tomar, quiere ya que se encuentre una solución. Los partidos de oposición empiezan también a pagar un costo político, ante la prolongación del conflicto, que incluso se les puede revertir.

Posdata:

Vale la pena ver la exposición Verdades Ocultas, que es un testimonio de la. matanza conocida con el Domingo Sangriento, ocurrida en 1972, cuándo las tropas britá­nicas masacraron a una pacífica manifestación de ciu­dadanos irlandeses en London Derry. Ese acontecimiento marca un hito en la historia de la lucha de los católicos de Irlanda del Norte por el reconocimiento pleno de sus derechos. La muestra se encuentra en el Centro de la Imagen en la Plaza de la Ciudadela.

El PRD: la posibilidad de cambiar

Después de meses, la conflictiva contienda electoral por la presidencia del PRD llegó a su fin. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió, por unanimidad, ante el recurso de inconformidad presentado por Jesús Ortega, que el partido debía reconocerle su triunfo. 

Las estructuras internas del PRD fueron incapaces de resolver la elección. Si se contaban todos los votos, el ganador resultaba Ortega. Si sólo se contabilizaba el 80 por ciento, el triunfador era Alejandro Encinas. Después de intensas presiones de una y otra corrientes, la Comisión de Garantías del PRD declaró la nulidad de los comicios.

Es cuando Ortega decide llevar su caso al TEPJF, la última instancia para enfrentar el conflicto. Es un avance que el problema legal se haya resuelto por la vía institucional. Los partidos, como órganos de interés público, que operan con financiamiento que les otorga el Estado, no pueden estar al margen -así lo quería Alejando Encinas- de la jurisdicción de las instituciones republicanas.

La solución legal no resuelve el problema político del PRD. Sus estatutos establecen que el candidato derrotado, Encinas, debe ocupar la secretaría general del partido. Hasta hoy, martes, ha dicho que hará pública su decisión. Todo indica que no aceptará el cargo que, entonces, será ocupado por Hortensia Aragón, quien fue su compañera de fórmula y pertenece al grupo de Amalia García, actual gobernadora de Zacatecas.

Lo que puede pronosticarse es que los derrotados no dejarán, por ahora, el partido. El grupo populista conservador, formado en su mayoría por expriistas, que encabeza López Obrador, seguirá en permanente confrontación con Nueva Izquierda, e incluso radicalizará su lucha en el intento de minar la fuerza que ahora tiene el grupo de Ortega.

Ante el nombramiento del nuevo presidente, las otras corrientes que integran el partido ya han manifestado que seguirán en él. Lo más probable es que busquen un acercamiento con Nueva Izquierda y tomen distancia del grupo derrotado, Izquierda Unida, y también de López Obrador.

En ese escenario surge una nueva posibilidad para el PRD. Al 70 por ciento de las estructuras de dirección del partido que ahora están en manos de Nueva Izquierda, que van desde los comités locales a los órganos de la dirección nacional, se añade que esta corriente tiene también la presidencia.

El grupo que encabeza Ortega tiene la fuerza para iniciar el cambio y la transformación del partido. La decisión está en sus manos. Para iniciar ese proceso tiene que perder, de una vez y para siempre, el miedo a la ruptura. Al PRD le urge, de cara a las próximas elecciones, pero sobre todo para garantizar su futuro, plantearse ante la sociedad en términos distintos a los actuales.

El mayor costo que puede pagar Nueva Izquierda, si se decide convertir al PRD en un verdadero partido de izquierda, alejado de las posiciones del nacionalismo revolucionario priista, todavía presentes en su plataforma programática, es que la corriente populista conservadora que encabeza López Obrador se vaya del partido.

Ese grupo tiene ya preparada su estrategia de salida. Se cobijaría en el Frente Amplio Progresista (FAP), donde López Obrador actúa ya como su líder máximo, al estilo del viejo PRI. La reacción del FAP ante la decisión del TEPJF fue la de marginar al PRD y anunciar que en la elección federal de 2009, el PT y Convergencia irían aliados en la totalidad de los distritos.

Es cierto que el nuevo presidente del PRD está obligado a buscar la unidad de todos los grupos que integran el partido. Pero tiene que hacerlo en el marco de una idea y una propuesta, y no sólo por evitar la ruptura. La unidad por la unidad, ya se ha demostrado, no tiene sentido. Sólo paraliza al PRD y deja que las cosas pasen.

El reto que tienen Ortega y su grupo es transformar al PRD en una verdadera izquierda, capaz de hacerse del poder, para poner en marcha un proyecto fincado en una plataforma progresista enmarcada en la propuesta de la socialdemocracia. Ahí están los ejemplos de Chile y Brasil, en América Latina, y de un buen grupo de países en Europa.

Una propuesta alejada del populismo conservador que representó el PRI de Echeverría y López Portillo, que ahora enarbolan de manera particular Chávez y Daniel Ortega y, con algunas variantes, Morales y Correa. El nuevo PRD debe tener claro que entre la izquierda y el populismo existe una enorme distancia. No son el mismo proyecto.

Posdata:

El resultado final de la investigación sobre lo sucedido con el avión donde viajaban Mouriño y Vasconcelos tardará todavía muchos meses. Los datos apuntan ya a un accidente por fallas humanas, como la mayoría de los que suceden en la aviación. Señalan también graves errores en el control de los prestadores de los servicios por parte de la dependencia que los contrataba. El gobierno federal debe asumir su responsabilidad y realizar una revisión general y a fondo de los servicios aéreos que se prestan a sus dependencias, y de lo que se determine actuar en consecuencia.