La campaña del “no”

La Constitución debe cambiarse, para que se incluyan los derechos propios de la democracia directa: Plebiscito, referéndum, iniciativa popular, candidaturas independientes y revocación de mandato. Ellos otorgan a los ciudadanos un papel más activo y decisivo en la conducción del Estado que sólo votar por tal o cual candidato. 

Reconozco las dificultades que puedan traer consigo estas posibilidades: manipulación del electorado, retraso en la toma de decisiones y elección sin tener todos los elementos. La participación conciente de la ciudadanía en la definición de los asuntos públicos fortalece la democracia y por eso se justifican los riesgos.

Valoro la participación ciudadana en la toma de las decisiones públicas. Por eso me opongo al remedo de consulta sobre la reforma petrolera que promueve el FAP y gobierno de la Ciudad de México. Su organización niega ser expresión de un derecho ciudadano, para caer en el vicio más evidente de estos ejercicios: la manipulación de los votantes.

La consulta que se anuncia para el próximo domingo 27 de julio no cumple con los requisitos mínimos de algo que  pueda reconocerse como tal. Se trata simple y llanamente de un burdo ejercicio del oportunismo político que descalifica las virtudes de los instrumentos democráticos del plebiscito y el referéndum. Lo que invalida el ejercicio es:

a) La redacción de las preguntas no tienen el mínimo rigor de objetividad. La primera dice: “Actualmente la explotación, transporte, distribución, almacenamiento y refinación de hidrocarburos son actividad exclusiva del Gobierno, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo que en estas actividades puedan participar empresas privadas?” La premisa sobre la que se construye la pregunta es falsa. En algunos de los campos que se menciona hace muchos años existe inversión privada. ¿Por qué ignorar la realidad? ¿Por qué hacer trampa? Porque no hay interés en saber qué piensa la ciudadanía.

La pregunta está redactada para negar a los ciudadanos la posibilidad de decidir. No se les da derecho de responder de manera distinta a las cinco preguntas que se le plantean como una. Se desconfía de los ciudadanos. No vaya a ser que si realmente tienen la oportunidad de elegir lo hagan al margen de la estrategia diseñada para que se manifiesten sólo por el “no”. 

La segunda pregunta dice: “En general, ¿está usted de acuerdo o no con que se aprueben las iniciativas relativas a la reforma energética que se debaten actualmente en el Congreso de la Unión?”. Esta debió haber sido la primera. La regla es ir de lo general a lo particular. Aquí se invierte, se manipula el orden, para condicionar la respuesta a favor del “no”. 

La redacción de la pregunta esconde que se trata de las iniciativas del presidente. ¿Para evitar la posible simpatía a la propuesta del Ejecutivo? ¿Para quedar bien con el “presidente legítimo”? Las consultas en todos los países se preparan con semanas o incluso meses de información, para que los ciudadanos conozcan bien los puntos sobre los que decide. ¿Cuántas de las personas que irán a votar sabe del contenido de las iniciativas? Los organizadores el único argumento que han difundido, por cierto falso, es que se pretende privatizar Pemex. ¿Cómo hablar, entonces, de una consulta?

b) La composición del comité promotor. Los ciudadanos  responsables de la consulta son todos promotores del “no” a cualquier tipo de reforma. Lo han dicho una y otra vez. El gobierno de la ciudad que organiza y financia el evento promueve claramente el “no”. Se trata de una movilización para apoyar la posición de quién está en contra de la reforma, pero no de una consulta. Movilización y consulta son dos acciones distintas. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Quien promueve la campaña a favor del “no” está en su derecho, pero no es ético hacer pasar una cosa por otra. ¿A quién se quiere engañar?

¿Quién votará? No todos los habitantes del Distrito Federal,  pero sí un grupo pequeño de los simpatizantes de López Obrador. Se conoce ya su posición. La consulta está hecha sólo, para ellos. Así, el “no” ganará con porcentajes del 90 por ciento. Las consultas organizadas por el gobierno de la Ciudad de México siempre arrojan los mismos resultados. Como en los soviéticos tiempos del PRI.

En el Distrito Federal el éxito o fracaso de la consulta debe medirse por la participación ciudadana de un padrón de más de 7 millones de votantes. Estimo que no será mayor a 400 mil personas, menos del seis por ciento. En la elección del 2006 votó más del 60 por ciento. Estos son parámetros objetivos. Los organizadores podrán dar la cifra que quieran. Las consultas del populismo conservador priísta, que ahora se autodenomina izquierda, generan el rechazo, no el aprecio, a los derechos propios de la democracia directa. Es el precio que se paga por estos remedos de consulta ciudadana.