“Limitarse sin más a la queja o al pataleo continuo, sin participar, es una actitud de vasallo, no de ciudadano” Fernando Savater, filósofo
El día del presidente, una de las prácticas más aberrantes del ceremonial de los años del régimen de partido de Estado, estaba muerto desde hacía 20 años, pero el Ejecutivo y el Congreso se resistían a enterrarlo y firmar su acta de defunción. Ese día por fin llegó.
Por más de 40 años el informe presidencial del 1 de septiembre de cada año fue la expresión acabada del sometimiento de los poderes, en particular del Legislativo, al presidente de la República. Era el símbolo más visible del presidencialismo monárquico que se construye al término de la etapa armada de la Revolución Mexicana.
Fue por muchos años el momento culminante del culto a la persona del presidente en turno. En cadena nacional no sólo se transmitía el informe sino también el traslado del presidente de su residencia, pasando por Palacio Nacional, al lugar donde pronunciaría su discurso.
En la cima del autoritarismo los presidentes cometían todo tipo de excesos y atropellos sin el menor respeto por la sociedad. Son memorables y de triste recuerdo las gestiones de Echeverría y López Portillo. Los presidentes por años se comportaron como reyes de opereta o dictadores de república bananera.
Las fotografías y videos recogen la vergonzosa actitud de políticos y funcionarios que el día del informe se les vio correr detrás del carro presidencial, aquel viejo Lincoln negro descubierto, modelo 1976 y placas BWP. Eran, de eso no hay duda, otros tiempos. Los del sometimiento absoluto a la voluntad presidencial. Quien no lo hacía pagaba las consecuencias.
Con los años, el día del presidente se convirtió en el día contra el presidente. Este cambio inició en el último año del presidente Miguel de la Madrid, pero día con día fue agravándose. La crisis se vuelve irreversible cuando el PRI pierde la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados en 1997.
Por 20 años, a veces en la ambigüedad, están ahí los años de los gobiernos de Salinas, Zedillo y los primeros de Fox, se hace evidente que el ritual resulta a todas luces absurdo, pero se mantiene. Se habla de la necesidad de cambiarlo, pero nadie se lo propone.
La situación es insostenible en el último año de Fox que se ve obligado a entregar el informe, para cumplir con el mandato constitucional, a la entrada de la Cámara de Diputados. En el primer año de Calderón se negocia, también para obedecer la norma, que lo entregue en el recinto, sin pronunciar discurso y con la ausencia de los partidos integrados al FAP.
El cambio en el formato del informe presidencial llega con 20 años de retraso. Nos revela. Ésos son los tiempos de México. Tenemos una sociedad y una clase política, incluye a todos los partidos, conservadora e incapaz de acelerar las transformaciones que se requieren. Seguimos aferrados a la tradición.
El país avanza, pero muy por abajo de la velocidad a la que tendría que ir. Es urgente acelerar el paso. Hoy la mayor tragedia de la política en México es vivir en el rezago propuesto como virtud y no como límite. Esto pasa mientras otros países toman ventaja al acelerar los cambios que exige la realidad globalizada.
La reforma de los artículos 69 y el 93 de la Constitución pone fin a una época. Ahora sólo se exige que el presidente envíe al Congreso el informe anual de su gestión por escrito. Se establece también la “pregunta parlamentaria”. Los senadores y diputados podrán hacer preguntas por escrito al Poder Ejecutivo, que responderá antes de 15 días.
El presidente y los secretarios, a invitación del Congreso, se harán presentes en el mismo. Sus intervenciones se harán bajo protesta de decir verdad. Esto debería ser igual para los congresistas que con mucha frecuencia utilizan información falsa para argumentar sus posiciones, pero esto no se contempla en la reforma aprobada.
Estos cambios aportan a una relación más equilibrada entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. Es un paso, pero falta mucho para construir una relación más constructiva entre ambos poderes. Los mecanismos del autoritarismo deben ser sustituidos por los propios de la democracia. El desprestigio de los partidos y de los legisladores tiene que ver con su incapacidad para responder en los términos y tiempos que demanda la sociedad.
La Constitución ha tenido casi 500 modificaciones después de su promulgación. Se requiere de un texto que responda a las exigencias de la democracia, el equilibro de los poderes y el nuevo papel de la ciudadanía en la construcción de lo público. Todavía queda mucho por cambiar, para adecuarla a la nueva realidad mundial y nacional. El texto constitucional no es dogma de fe sino instrumento práctico que orienta y guía la acción. Los acuerdos alcanzados en el periodo extraordinario señalan el camino a seguir: voluntad política de las partes.
