Corrupción

 

 

La organización internacional Transparencia Internacional dio a conocer la semana pasada su informe anual 2009, que mide la percepción que existe sobre las prácticas corruptas en el sector público y la iniciativa privada. El estudio se realiza en 180 naciones, a partir de encuestas entre expertos y empresas, y no mide los reales niveles de corrupción que puedan o no existir, pero sí la apreciación que se tiene sobre ella.

Los países que tienen calificaciones más altas son Nueva Zelanda (9.4), Dinamarca (9.3), Singapur (9.2). En el continente Americano las mejores percepciones son para Canadá (8.7) y Estados Unidos (7.5). Lo que explica esa valoración, dice el documento, es “una estabilidad política, normativas fuertemente estables sobre conflictos de interés e instituciones públicas sólidas y efectivas”.

La América Latina no sale bien librada y demuestra “serios problemas de corrupción”, ya que sólo tres países superan el cinco, que son, Chile (6.7), Uruguay (6.7) y Costa Rica (5.3). Debajo de cinco, pero arriba de los demás, se encuentra Cuba (4.4). La encuesta incluye temas relacionados con sobornos, pagos irregulares, malversación de fondos públicos y transparencia del gasto. El estudio no hace distinción entre los diferentes niveles de gobierno.

Los peores de la región son Haití (1.8), Venezuela (1.9), Paraguay (2.1), Ecuador (2.2), Nicaragua (2.3), Honduras (2.5), Bolivia (2.7) y Argentina (2.9). Los países que se han propuesto cambios “radicales” y en los que sus gobernantes han cambiado la constitución para reelegirse y han centralizado el poder, aparecen como los que tienen niveles de percepción más altos en materia de corrupción.

A la mitad de la tabla se encuentran Brasil (3.7), Colombia (3.7), Perú (3.7), Panamá (3.4), Guatemala (3.4), El Salvador (3.4), México (3.3) y Dominicana (3.0). De acuerdo con el estudio, “la puntuación baja de la mayoría de los países latinoamericanos refleja el hecho de que las instituciones débiles, las prácticas de gobernabilidad deficiente y la excesiva injerencia de los intereses privados continúan frustrando iniciativas tendentes a promover el desarrollo equitativo y sostenible”.

El texto añade que “el soborno, los cárteles (del narco) y otras prácticas corruptas frustran la competencia y contribuyen a la pérdida masiva de los recursos para el desarrollo en todos los países, especialmente los más pobres”. De manera particular, sobre los casos de Brasil y México, lo dice también de Colombia y Perú, lamenta que si bien se “ubican entre las principales economías de la región y, pese a que deberían convertirse en referentes de la lucha contra la corrupción, se han visto sacudidos por escándalos sobre impunidad, pagos irregulares, corrupción política y captura del Estado”.

En 2008 México ocupó el sitio 72, de 180 países, con una calificación del 3.6, pero 12 meses después baja al lugar 89 con una puntuación de 3.3. De un año a otro cae 17 puestos. El caso de México no puede ser visto de manera aislada y se inscribe en los problemas que aquejan a la mayoría de los países de la región. Políticos de la oposición y algunos académicos ligados al López Obrador tienden a sacar el problema de contexto, como si México fuera el único caso no sólo en América Latina, sino en el mundo.

El problema está ahí y no puede ignorarse, independientemente de que la percepción pueda cambiar de un año a otro. Lo que puede explicar que se haya modificado la apreciación está asociado en buena medida, tal como lo plantea Eduardo Bojórquez, director de Transparencia Internacional capítulo México, a la visión que provoca la lucha contra el narcotráfico y la violencia asociada a ella. Influye también que se percibe menos transparencia de las instituciones públicas de todos los poderes y órdenes de gobierno.

Al parecer, a la base del cambio de percepción está, como él mismo lo señala, que al nivel de los gobiernos estatales y municipales, que gozan cada vez de mayores atribuciones, no existe “la rendición de cuentas efectiva y la homologación de la ley”. Si bien el estudio no distingue entre los distintos niveles de gobierno, al federal corresponde su parte. Me atrevo a sugerir que el cambio en la apreciación está asociado de manera directa a las decisiones cupulares entre los partidos sobre temas centrales de la vida pública y también a la falta de transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos estatales y municipales.

La presidenta de Transparencia Internacional, Huguette Labelle, asegura que para contener a la corrupción es necesario “un activo control por parte del Poder Legislativo, un Poder Judicial eficiente, organismos de auditoría y lucha contra la corrupción independientes y con recursos adecuados”, y añade la necesidad de la aplicación “enérgica” de la ley, la transparencia presupuestal y medios de comunicación realmente independientes. Las atribuciones que la Cámara de Diputados dio a los gobernadores, al aprobar el presupuesto de egresos 2010, van precisamente en la dirección contraria. Son medidas como éstas las que explican el cambio en la percepción.

 

Hace diez años….

Artículo publicado el 13 de noviembre de 1999. 

Otra mirada

La televisión mexicana, de ella no se podría esperar otra cosa, pero también más de un articulista y académico, algunos serios y de reconocido prestigio, no resistieron la tentación y se sumaron, sin ninguna distancia crítica, a los resultados del proceso en las elecciones internas celebradas por el PRI el pasado domingo. Lo nuevo de la mecánica, para sustituir el tradicional “dedazo”, no puede ignorarse y tampoco descalificarse sin más, pero es necesario analizar lo que realmente sucedió y determinar, con cuidado, cuál es la dimensión de los posibles cambios. Asumir así, nada más, que de la noche a la mañana el PRI se democratizó y la realidad política del país se modificó, sólo producto de las supuestas buenas intenciones del Presidente y su partido, no ayuda a la transición democrática mexicana.

El proceso, esto tiene que reconocerse, no pudo haber resultado mejor para el PRI. Los recursos financieros y humanos que se invirtieron fueron enormes, pero ellos solos no garantizaban el éxito. Hubo un diseño estratégico que no dejó nada suelto. Se consideraron con cuidado todas las etapas: la campaña, la elección y la reacción ante la misma. La historia, pues, les resultó redonda y tuvo un final feliz. Los fantasmas se disiparon, las posibilidades de la fractura se resolvieron y la dinámica que por momentos parecía perder el rumbo encontró su cauce a la hora de la verdad que es, así son las cosas, la única que cuenta. Lo demás resultó sólo especulación e insumo, para que los medios tuvieran materia prima con la cual alimentar sus noticieros y programas, para mantener la atención del gran público entusiasmado, como ante las peleas de box o el fútbol, de la disputa “mortal” entre Francisco Labastida y Roberto Madrazo.

La elección del domingo pasado arroja, de entrada, un conjunto de saldos positivos para el PRI. En el nivel interno: logró resolver contradicciones y tensiones entre diferentes grupos e intereses; dinamizó la estructura al generar entusiasmo y confianza entre sus militantes; abrió nuevos espacios para la participación que despierta expectativas entre los cuadros que aspiran a ser candidatos; cerró el espacio para los desgajamientos y las rupturas. En el nivel externo: ganó presencia en el conjunto de los electores que votarán en el 2000; recompuso, en parte, su imagen en el país y en la comunidad internacional; aumentó la intención de voto en favor del ahora su candidato oficial; mejoró su posición para aspirar al triunfo en las elecciones presidenciales del 2000.

Los cambios ocurridos en la manera de elegir al candidato del PRI a la Presidencia, a pesar de su éxito, no son garantía, así nada más, de que ese partido ya se democratizó y que, producto de lo mismo, se modificó la manera de operar del sistema político mexicano. El análisis del proceso revela que: no hubo una elección equitativa e imparcial; que hubo un candidato “oficial” que fue favorecido por el conjunto de la maquinaria; que no se respetaron las reglas que se establecieron para normar el proceso; que no se cumplieron los topes financieros que se acordaron previamente. No se trató, pues, de una elección democrática en sentido estricto. Vale para la misma el juicio que el presidente Zedillo hiciera de la elección de 1994 en la que ganó la Presidencia cuando afirmó que “fue legal, pero no equitativa”.

La organización de la elección no fue un acto de partido; de haberlo sido, otro hubiera sido su alcance, sino tuvo todas las características y atributos de uno de gobierno. El mensaje del Presidente de la República al país, a través de la televisión en cadena nacional, al fin de la jornada electoral priísta no hizo sino evidenciar, fue confesión de parte no pedida, de que se trataba de una acción de ese carácter y magnitud. El discurso de la televisión al fin de la jornada electoral, a través de programas de “análisis” y “debate”, era producto de un texto previamente construido y de ninguna manera obedecía a un análisis de lo que ocurrió en el proceso y en la misma elección. De pronto lectores de noticias como Ortega o comentaristas como López Dóriga y Zabludovsky fueron investidos como doctos politólogos para anunciar los nuevos tiempos: el PRI era ya democrático.

La carencia de un padrón electoral eligó al PRI a abrir la elección a todo el electorado como en alguna ocasión ya lo había hecho el PRD. Esto crea una situación particular. En sentido estricto no se trata, entonces, de una elección primaria en la que sólo participan los militantes del partido, como sucede en otras latitudes, sino de una elección abierta al conjunto de los electores. El actual padrón electoral de México tiene 58 millones de posibles votantes. El PRI organizó una elección a la manera de una real elección presidencial, en la que todos los electores estaban convocados e invitados a votar. El día de la elección se presentaron nueve millones de electores. Nadie, sería absurdo, puede negar la importancia de esta cifra, pero sí se hace necesario confrontarla con el número real de los posibles electores. ¿Cómo entender, entonces, ese número de votos? ¿Es un éxito rotundo? ¿Se trata de un fracaso? Reconociendo que no se trataba de una real elección presidencial las preguntas valen.

El método de elección cambió, es cierto, pero se mantiene todavía mucho de las viejas maneras. La “cargada”, de la que se quejaron los contrincantes de Labastida, estuvo siempre presente. La presión sobre los gobernadores y dirigentes partidistas no dejó de sentirse y también, tal vez fue lo que más influyó, el mensaje velado, pero muy efectivo, de que Labastida “era el bueno” porque era “el candidato del Presidente”. La vieja e inmensa estructura, a pesar del cambio de forma, supo escuchar y obedeció la línea que de otra manera, pero siempre línea, bajó desde “Los Pinos”. El cambio existe, pero no es de la dimensión de lo que se ha tratado de hacer creer. La democracia al interior del PRI está todavía lejos de ser alcanzada, pero ante las viejas maneras que todavía permanecen no se puede, sería un grave error, ignorar lo que esta fuerza política ha avanzado. No reconocerlo es negarse a la posibilidad de entender lo que ya sucede, pero también lo que podrá ocurrir en el futuro.

 

Los medios de comunicación en la democracia mexicana

 

Artículo publicado en el No. 19 

 

 

 

La incidencia de los medios de comunicación en el debate público es evidente. Hoy muestran una amplia capacidad para intervenir en el diseño de la agenda del debate público. Habla de nuevos tiempos. Eso no está en duda.

Ahora los medios de comunicación tienen dos compromisos con sus receptores: desarrollar las condiciones para la difusión de cultura política y mediática que fomente las prácticas y los valores democráticos, e informar con la verdad.

Los medios de comunicación tienen un papel fundamental porque a través de lo que se ve, se escucha o se lee se crean los puentes de cercanía o lejanía entre los ciudadanos y la política. Los medios generan los espacios públicos a través de los cuales las personas integran o rechazan valores y comportamientos en relación con la política.

El papel de los medios es también educativo. La información que se transmite puede y debe ayudar a integrar las experiencias cotidianas como algo relevante para la convivencia democrática. El ejercicio de la tolerancia en las opiniones políticas es uno de los valores que las personas pueden aprehender a través del debate mediático. 

Los medios de comunicación tienen que contribuir en hacer del ciudadano un personaje activo en la vida pública. El desafío para los actores que intervienen en la toma de decisiones, incluyendo a los medios, es crear y afianzar una cultura política que respalde y consolide la democracia y el Estado de Derecho.

La democracia demanda a los medios una autorregulación fundada en la responsabilidad social y en la ética profesional. Éstos tienen la función social, no sólo de servir como fuentes de información del acontecer nacional e internacional, sino de ayudar a los receptores a analizar las noticias que reciben. 

Esto exige de los comunicadores un profesionalismo cada vez mayor. En la democracia el periodismo debe construirse a partir de la investigación de fondo y en la garantía de veracidad de las fuentes; que lo que se emite como noticia no provenga de dichos sin fundamento. Deben ser hechos comprobables.

El debate público debe ser más un espacio de deliberación que de confrontación. Cuando se presenta a través de sólo especulaciones y contradicciones el receptor percibe a la política sólo como un espectáculo que resulta muy lejano a lo que sería un real diálogo en torno al interés general. 

Para propiciar que la acción de comunicar sea más deliberativa que especulativa es preciso definir reglas claras y marcos de intercambio que permitan al receptor distinguir entre la información llana y los ejercicios noticiosos de opinión y de corte interpretativo.

La responsabilidad de los medios está dada por la objetividad en la emisión de los sucesos y no por el sesgo que pueda imprimirse a ésta de acuerdo con los intereses particulares del medio que los hace públicos. 

La tarea de los medios en la democracia está en el ejercicio de información objetivo, equitativo, respetuoso y crítico, de una tarea basada en la difusión de la verdad.

La idea de que el ciudadano es un receptor pasivo de la información ya no se sostiene. Ha llegado el momento de aprovechar la existencia de un número creciente de espacios de información pública para afianzar un mercado de calidad para un ciudadano cada vez más educado y activo.

Para ello, es preciso que los medios de comunicación incorporen a su lógica de acción la idea de que la información tiene un valor de utilidad para el ciudadano; que es a partir de ella que se puede formar una opinión o tomar decisiones. 

Una vez pasado lo que podríamos calificar como el boom de la libertad de expresión el receptor será cada vez menos complaciente con los emisores y comenzará a fijar castigos para aquellos que no cumplan las exigencias de calidad de un debate democrático.

Si los medios masivos persisten en fomentar las asimetrías de la información, porque ésta no es objetiva o imparcial, entonces poco podrán aportar al creciente interés ciudadano respecto de la acción pública.

La democracia demanda no sólo una reforma a las leyes que rigen la relación entre el Estado, los medios y la sociedad, sino una información apegada a la veracidad y al respeto a la integridad de las personas; una normatividad que integre incentivos para un mejor desempeño de los medios. 

Esto es posible si se promueven reglas tendentes a crear sistemas de autorregulación; si se establecen procedimientos para el derecho de réplica y para exigir el respeto a los derechos individuales; si se crea un marco de equidad que acote la relación entre ciudadanos, políticos y medios de comunicación.

La libertad de expresión y la libertad de prensa encuentran sus fronteras en el respeto a la dignidad, la vida privada y la estabilidad y la paz públicas. Los medios no pueden ejercer las libertades de prensa y de expresión de manera irresponsable porque existen derechos fundamentales que entrarían en tensión ante el hecho de que la libertad de expresión no se encontrara acompañada de una ética de las responsabilidades. 

Si los medios no ejercen mecanismos de autorregulación, entonces es muy probable que se propicie una situación en que los derechos individuales y colectivos resulten insuficientes para operar en contra de los excesos o sesgos en la información que se publique o difunda.

El derecho a la información debe hacerse efectivo en todo régimen democrático y esto no es responsabilidad exclusiva del gobierno sino una tarea compartida con los medios de comunicación. Sólo con la lógica de cooperación se puede constituir una cultura en la que se perciba el valor de la política y los beneficios de un sistema democrático en su justa dimensión. ®